La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente una emergencia migratoria y humanitaria para convertirse en una amenaza directa sobre el futuro de la legislatura. La entrada masiva de decenas de miles de personas durante los días 30 y 31 de julio, la reacción tardía de Moncloa, las sospechas sobre la actuación de Marruecos y las contradicciones entre organismos han erosionado a Pedro Sánchez hasta llevar a uno de sus socios más importantes a cuestionar públicamente cuánto tiempo podrá mantenerse el Ejecutivo.
El lehendakari, Imanol Pradales, fue especialmente contundente al describir al presidente como un dirigente “noqueado” por la crisis. “Si Sánchez no reconduce la crisis de Ceuta, la legislatura española está acabada”, aseguró en una entrevista concedida a Euskadi Irratia. Y acabada, precisó, “por completo”.
Pradales no pidió expresamente la convocatoria de elecciones ni anunció la retirada del apoyo del PNV al Gobierno, pero sus palabras traspasaron una frontera política. La advertencia no procedía del PP ni de Vox, embarcados desde el comienzo de la crisis en una ofensiva contra Moncloa, sino del lehendakari y de un partido cuyos votos resultan necesarios para sostener la mayoría parlamentaria.
El presidente vasco también destacó “la soledad del presidente Sánchez” durante su comparecencia en el Congreso y consideró que esa imagen era “muy significativa”. Sus críticas se extendieron a la falta de liderazgo, la descoordinación y la tardanza del Ejecutivo en responder a una crisis que llevaba más de un mes abierta.
Sus declaraciones han colocado el posible adelanto electoral en el centro de una conversación que, hasta ahora, el Gobierno de Sánchez intentaba contener. Ceuta no obliga por sí sola a disolver las Cortes, pero ha agravado los síntomas de agotamiento de una legislatura que ya arrastraba dificultades para aprobar los Presupuestos, tensiones entre los socios y una agenda judicial adversa para el PSOE.
El desgaste ya aparece en las encuestas
El deterioro no se limita a las relaciones parlamentarias. El barómetro elaborado por 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra el alcance de la pérdida de confianza en el Gobierno central. El 63 % de los encuestados considera que Sánchez gestionó “mal” o “muy mal” la crisis y únicamente un 14,2 % aprueba su actuación.
El principal reproche es la lentitud de la respuesta. Dos de cada tres ciudadanos suspenden la rapidez con la que actuó el Ejecutivo, que tardó 26 días en convocar el Consejo de Seguridad Nacional después de la entrada masiva en la ciudad autónoma.
La desconfianza hacia Marruecos también es generalizada. Cerca del 90 % de los consultados atribuye al país vecino mucha o bastante responsabilidad en lo sucedido, mientras que un 72 % responsabiliza igualmente al Gobierno de Sánchez. Esa diferencia entre la percepción social y la prudencia de Moncloa al señalar a Rabat se ha convertido en una de las principales fuentes de desgaste.
Durante su comparecencia parlamentaria, Sánchez insistió en que no existen pruebas suficientes para afirmar que Marruecos diseñó la entrada masiva. Reconoció que durante aproximadamente diez horas las fuerzas marroquíes permitieron el paso de personas hacia Ceuta, pero dejó abierta la posibilidad de que se debiera a una incapacidad operativa y no a una decisión política deliberada.
El discurso choca con la convicción de una amplia mayoría ciudadana y con los indicios recogidos en el informe policial remitido a la Audiencia Nacional, que habla de “notable permisividad” por parte de las autoridades marroquíes y describe la presencia de agentes de paisano que habrían dado instrucciones a efectivos uniformados.
Vox capitaliza el malestar
El movimiento electoral no está beneficiando únicamente al PP. Según el mismo estudio, Vox es ya la formación considerada más capaz para gestionar la inmigración, con un 27 %, frente al 18,4 % que obtiene el PSOE y el 13,9 % del PP.
La suma de PP y Vox alcanza el 50,2 % de la estimación de voto, su mejor registro durante la legislatura. El bloque de derechas supera así la mayoría absoluta, mientras el PSOE y sus aliados retroceden.
La crisis está trasladando el debate político hacia la inmigración, la seguridad de las fronteras y las relaciones con Marruecos, asuntos que favorecen el crecimiento de Vox. El 70 % de los ciudadanos prefiere endurecer los controles fronterizos aunque eso pueda impedir la entrada de personas vulnerables, y más del 80 % respalda reforzar las vallas y acelerar las devoluciones de quienes se encuentren en situación irregular.
La tendencia ha encendido también las alarmas dentro del PP. Distintos dirigentes territoriales de la formación reconocen que existe una intensa reacción social contra el Gobierno español, pero temen que la radicalización del debate termine impulsando principalmente a Vox. Un barón popular ha definido Ceuta como “el mayor error” cometido por Sánchez en la legislatura, aunque también advierte de que alimentar la movilización puede fortalecer a su competidor por la derecha.
Una fortaleza convertida en debilidad
El politólogo Pablo Simón ha identificado otra dimensión del problema: Ceuta ha erosionado uno de los atributos que Sánchez utilizaba para defender su gestión. “Uno de los principales activos del Gobierno es la política exterior. La crisis en Ceuta priva a Sánchez de un arma”, ha señalado recientemente en un medio de comunicación.
El presidente había presentado durante años su experiencia europea, su presencia internacional y su interlocución con otros gobiernos como muestras de estabilidad. La relación con Marruecos ocupaba un lugar central en ese relato. La cooperación con Rabat era defendida como una garantía para controlar los movimientos fronterizos y evitar crisis como la de 2021.
Ahora esa relación se ha convertido en una fuente de vulnerabilidad. Si Sánchez acusa abiertamente a Marruecos, reconoce el fracaso de una de sus apuestas diplomáticas más importantes. Si evita señalarlo, se distancia de una sociedad que responsabiliza de forma abrumadora al país vecino.
El politólogo Javier Sánchez González habla de una “disonancia narrativa” entre la tranquilidad que trató de transmitir el Ejecutivo y la situación que continúan percibiendo los habitantes de Ceuta. A su juicio, la gestión puede debilitar todavía más al Gobierno de Sánchez y reforzar electoralmente a PP y Vox.
El periodista Daniel Basteiro, corresponsal político y económico de Bloomberg, también ha cuestionado la coordinación institucional. Dieciocho días después del inicio de la emergencia todavía existían discrepancias entre el Gobierno central y la ciudad autónoma sobre cuestiones tan básicas como el número de personas que permanecían en Ceuta o los lugares en los que debían ser atendidas.
Cuarenta informes para recuperar la iniciativa
El Gobierno español intenta ahora recuperar el control mediante la desclasificación de alrededor de 40 documentos sobre la presión migratoria recibidos entre el 1 de julio y el 1 de agosto. El Consejo de Ministros aprobó la medida el martes, después de que Sánchez la anunciara durante su comparecencia en el Congreso.
El expediente incluye informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tres notas del Centro Nacional de Inteligencia, un documento del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y comunicaciones mantenidas por el CNI con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil.
Moncloa pretende demostrar que, aunque durante julio se detectó un incremento de la presión migratoria y de las entradas a nado, ningún organismo anticipó una llegada de la magnitud registrada durante las últimas horas del día 30 y la jornada del 31. La operación busca desmontar la acusación de que el Ejecutivo, y especialmente el Ministerio del Interior, ignoró advertencias concretas.
Sin embargo, la desclasificación será parcial. Permanecerán protegidos datos considerados sensibles y contenidos procedentes de servicios de inteligencia de otros países. Esa limitación permitirá a la oposición cuestionar si los documentos publicados representan realmente toda la información que llegó al Gobierno.
También permanece abierta la interpretación de los avisos. Un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas alertó de la posibilidad de una entrada masiva coincidiendo con el Día del Trono marroquí, aunque el Ejecutivo sostiene que no llegó con tiempo suficiente para anticipar lo sucedido.
La publicación puede ayudar a Sánchez a defender que nadie previó una avalancha de aquellas dimensiones, pero también corre el riesgo de prolongar la controversia. Cada informe obliga a reconstruir quién recibió la información, cuándo lo hizo, cómo la interpretó y qué decisiones tomó después.
La grieta entre Defensa e Interior
La necesidad de publicar los documentos nace también de una fractura interna en el Ejecutivo central. Las diferencias entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, alimentaron la sospecha de que algunos organismos sí habían avisado y de que esas alertas no circularon adecuadamente.
Robles defendió la información elaborada por los servicios dependientes de su departamento, mientras Interior negó haber recibido una advertencia concreta sobre una entrada de decenas de miles de personas. El enfrentamiento proporcionó a la oposición un argumento especialmente dañino: la posibilidad de que Sánchez no conociera toda la información porque sus propios ministerios no estaban coordinados.
El informe policial incorporado a la investigación judicial ha añadido presión. El documento descarta que las mafias conocidas tuvieran capacidad para movilizar por sí solas a tantas personas, recoge testimonios sobre indicaciones ofrecidas por agentes marroquíes y señala la existencia de ocho alertas anteriores. No identifica, sin embargo, quién organizó la movilización ni prueba que existiera una orden directa del Gobierno de Rabat.
El periodista Claudi Pérez ha advertido de las debilidades del informe, al considerar que algunas conclusiones se apoyan en contenidos procedentes de redes sociales y fuentes insuficientemente identificadas. La cautela resulta relevante: los indicios sobre la permisividad o participación de determinados agentes no bastan para demostrar que Marruecos diseñara toda la operación.
¿Adelantar o resistir?
Sánchez se enfrenta ahora a una decisión difícil. Convocar elecciones con Ceuta todavía abierta convertiría la crisis migratoria y la relación con Marruecos en los asuntos centrales de la campaña, precisamente cuando PP y Vox atraviesan su mejor momento demoscópico.
Pero prolongar la legislatura tampoco está exento de riesgos. Las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2027 podrían provocar una derrota socialista que debilitara aún más al Ejecutivo de Sánchez antes de las generales. A ello se suma la dificultad para aprobar unos nuevos Presupuestos y conservar el respaldo de todos los partidos que hicieron posible la investidura.
Pradales no ha reclamado formalmente un adelanto, pero ha verbalizado la pregunta que ya recorre a los socios parlamentarios: si el Ejecutivo central puede recuperar la iniciativa o si Ceuta ha acelerado definitivamente el final del ciclo.
La respuesta dependerá en gran medida de lo que ocurra en las próximas semanas. Sánchez necesita recuperar la normalidad en la ciudad, ofrecer una explicación convincente sobre los avisos previos, contener las divisiones internas y redefinir la relación con Marruecos sin romper una cooperación imprescindible para controlar la frontera.
En la sesión de control de este miércoles, Feijóo acusó al presidente de haber desprotegido al país ante una “agresión consentida o impulsada por Marruecos”. Sánchez respondió con una frase de campaña: “Volveremos a las urnas y les volveremos a ganar”. No anunció ninguna fecha.
Ceuta no ha provocado todavía un adelanto electoral, pero sí ha convertido esa posibilidad en algo más que una especulación. Ha debilitado la imagen de gestión de Sánchez, ha erosionado su principal argumento internacional y ha llevado a un socio como el PNV a advertir de que la legislatura puede estar “totalmente acabada”. Los informes desclasificados decidirán ahora si el Gobierno consigue cerrar la herida o si la documentación que debía protegerlo termina ampliándola.