Jueces y fiscales advierten al Supremo de que está privando el derecho al voto a los nacionalizados vía 'ley de nietos'

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Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su "honda preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', una medida que juzgan desproporcionada puesto que afecta a un derecho fundamental.

Estas asociaciones judiciales han divulgado hoy un comunicado conjunto en el que exponen sus objeciones a la suspensión cautelar del derecho a voto a los españoles residentes en el extranjero que hayan obtenido la nacionalidad por ser descendientes directos de exiliados del franquismo, según hizo posible la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Residentes en el extranjero

El Supremo considera que el "incremento extraordinario" del censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) por la ley de nietos (408.262 electores desde las elecciones generales de 2023) y una instrucción posterior del Gobierno español, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral". La instrucción presume la condición de exiliado de todos los españoles que se marcharon entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Por eso, aplican esta medida cautelar -la suspensión de estas nuevas altas- tras detectar un "riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica". Así lo señala el alto tribunal en dos autos en los que acuerda suspender cautelarmente, como pidieron Iustitia Europa y Vox, las altas en este censo de los nacionalizados españoles a partir de esta ley de nietos, que se aplica a los hijos y nietos de los españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que no ha sido impugnado “directa ni indirectamente” en este procedimiento.

Ambas asociaciones muestran su preocupación en base al objeto del proceso de suspensión del derecho a voto, la proporcionalidad de la medida que afecta al ejercicio del derecho a sufragio y la apariencia de buen derecho. Por todo, Jueces para la Democracia y la Unión de Fiscales progresistas piden que el Tribunal Supremo resuelva "a la mayor celeridad posible" los recursos y que las administraciones implicadas ofrezcan una "información clara y accesible" a las personas afectadas sobre su situación.

Nacionalidad española

Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales reafirman su compromiso con la “integridad de los procesos electorales”, según señalan en el comunicado conjunto, y a renglón seguido hacen hincapié en la “garantía efectiva del derecho de sufragio de todas las personas que ostentan la nacionalidad española".

Una de las críticas principales de los jueces y fiscales progresistas reside en la "proporcionalidad" de la medida al afectar esta "al ejercicio de derechos fundamentales". En este contexto, se quejan de que, mientras "el riesgo" que se invoca el Supremo "se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados", el "perjuicio que ocasiona la suspensión es, en cambio, inmediato y concreto".

Las dos asociaciones denuncian también que el Supremo priva del derecho constitucional de sufragio a personas que "son españolas en virtud de actos firmes, dictados por los órganos competentes con arreglo a la normativa vigente" y que lo hace, además, sin que el colectivo afectado "haya sido parte en el proceso y sin que se haya realizado un examen individualizado de su situación".

Alteración del censo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado el comunicado de ambas asociaciones de jueces y fiscales criticando que la decisión del Tribunal Supremo es "muy discutible jurídicamente". Además, ha pedido "respetuosamente" al Supremo que resuelva esta cuestión antes de las elecciones de 2027: "El censo no puede alterarse sin base legal sólida".

A través de su cuenta en la red social X, el ministro ha señalado que "el auto del TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente". Por ello reclama al alto tribunal que "resuelva este tema antes de elecciones de 2027" e incide en que "el censo no puede alterarse sin base legal sólida".