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Amnistía Internacional ha solicitado información al Gobierno sobre las presuntas devoluciones "forzosas e ilegales" realizadas desde Ceuta hacia Marruecos tras la llegada irregular de 72.000 migrantes los días 30 y 31 de julio.
La organización se ha mostrado "alarmada" por los informes que apuntan a "devoluciones forzosas, sumarias e ilegales" en la frontera. Estas denuncias, según ha señalado, contrastan con la versión del Ejecutivo, que sostiene que la mayor parte de las personas que entraron en Ceuta ya ha regresado a Marruecos.
Amnistía Internacional también ha aludido a informaciones, que no ha podido confirmar, según las cuales a algunas de las personas que cruzaron la frontera se les habría negado inicialmente el acceso al agua, los alimentos y la asistencia básica. Estos documentos también recogen presuntos "ataques" cometidos por grupos de ciudadanos.
Rechazos en el mar y en las playas
La organización ha recibido asimismo informes que señalan que algunas de las personas que nadaron más allá de los elementos de contención instalados en el mar fueron "objeto de rechazos" en la frontera.
Amnistía Internacional ha recordado que el Tribunal Supremo estableció que las autoridades deben respetar en todos los casos el derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica examinar individualmente la situación de cada persona, proteger especialmente a menores y mujeres embarazadas y permitir la presentación de solicitudes de asilo.
También ha señalado que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó al Estado en 2025 a abstenerse de practicar devoluciones sumarias y expulsiones en la frontera, incluidas las de personas interceptadas en el mar o en las playas. El organismo reclamó además que cualquier procedimiento de devolución respetara los derechos humanos y el principio de no devolución.
La organización ha lamentado "profundamente" la pérdida de vidas registrada a ambos lados de la frontera y ha advertido de que no se trata de un episodio excepcional. A su juicio, es "la consecuencia mortal" del refuerzo del control fronterizo, la externalización de responsabilidades a terceros países y la falta de vías seguras y legales.
Rechazo al término "invasión"
Amnistía Internacional ha rechazado que la llegada de migrantes sea calificada como una "invasión", al considerar que esta expresión puede "reforzar estereotipos racistas y deshumanizar a personas migrantes y refugiadas". Por ello, ha pedido a las autoridades que se opongan "firmemente" a este tipo de discursos.
La organización ha solicitado al Gobierno datos actualizados sobre el número de llegadas y fallecimientos, así como sobre las nacionalidades, edades y género de las personas migrantes. También reclama información acerca de las devoluciones, el acceso al asilo, la situación de los menores no acompañados y las denuncias por un supuesto uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad o por actos de violencia cometidos por civiles. Además, ha pedido aclaraciones sobre la posible existencia de un acuerdo entre el Estado y Marruecos para devolver a todas las personas que hayan entrado en Ceuta.
Acogida urgente para los menores
Respecto a los menores migrantes no acompañados, Amnistía Internacional ha subrayado la necesidad de establecer procedimientos "ágiles" que permitan identificarlos. Ante la próxima Conferencia Sectorial de Infancia, la organización ha pedido a los gobiernos autonómicos que acepten la acogida "urgente" de los niños que permanecen en Ceuta y les proporcionen una "solución duradera" basada en su interés superior.