El debate sobre el alcance de las competencias de Navarra vuelve al primer plano de la actualidad política. En esta ocasión, UPN ha puesto sobre la mesa una reclamación de calado: la transferencia de la competencia para gestionar los permisos de trabajo de las personas migrantes. La formación regionalista considera que la asunción de esta facultad es necesaria para desatascar la actual parálisis administrativa y responder con eficacia a las demandas de las empresas de la Comunidad Foral.
La propuesta fue presentada por la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, durante la celebración de la jornada 'Acción Inmigración: ideas y soluciones para Navarra'. Este foro, que alcanza su segunda edición, se ha consolidado como un espacio de debate donde los regionalistas buscan desgranar soluciones a problemas que preocupan a la sociedad navarra, situando en esta ocasión el foco en el complejo proceso de regularización extraordinaria y la integración laboral.
Una gestión de proximidad frente a la burocracia
Para UPN, el actual modelo de gestión, dependiente de la Administración central, ha tocado techo. Ibarrola ha sido tajante al denunciar que las oficinas de extranjería del Gobierno español se encuentran "absolutamente colapsadas", lo que impide una tramitación ágil y fluida de los expedientes. Frente a esta situación, la líder regionalista defiende que gestionar estos permisos con recursos propios desde Navarra permitiría conocer mucho mejor la realidad del territorio y las necesidades específicas de su mercado de trabajo.
"Gestionar desde aquí va a repercutir en un beneficio tanto para las personas como para las empresas y para la sociedad navarra", ha asegurado Ibarrola, insistiendo en que una gestión cercana es, "sin ninguna duda", mucho más eficiente. La propuesta no solo busca reducir la farragosa burocracia actual, sino también adecuar la concesión de permisos a las vacantes laborales que el tejido empresarial navarro necesita cubrir con urgencia.
El espejo de la CAV y el sentimiento foralista
Uno de los argumentos de mayor peso esgrimidos por UPN es el agravio comparativo con otras comunidades. Ibarrola ha recordado que la Comunidad Autónoma Vasca ya cuenta con esta competencia desde hace prácticamente un año. En este sentido, ha subrayado que esta reclamación encaja perfectamente en el "sentimiento foralista" del partido y en el marco de la Lorafna, que permite la transferencia de facultades para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Esta petición no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de reclamación competencial más amplia iniciada por UPN en los últimos meses. Entre estas demandas se encuentran también la gestión del aeropuerto y las competencias sobre los exámenes de conducir, todas ellas orientadas a dotar a Navarra de mayores herramientas de decisión propia.
Ayudas municipales y lucha contra el fraude
Más allá del traspaso competencial, UPN ha planteado un paquete de medidas integrales en materia migratoria. Una de las más destacadas es la exigencia al Gobierno de Navarra de que las ayudas a los ayuntamientos para la integración y el acompañamiento de personas migrantes se ajusten al peso real de la población extranjera en cada localidad. "No podemos tratar con los mismos recursos a unas localidades que tienen porcentajes muy diferentes", ha remarcado la presidenta regionalista.
En cuanto a la legislación estatal, la formación propone cambios en la Ley de Extranjería para favorecer la contratación en origen. UPN sugiere que las empresas que realizan un esfuerzo importante en formar a trabajadores extranjeros puedan garantizar una estabilidad mínima de 12 meses de empleo. Asimismo, se apuesta por facilitar la homologación de titulaciones para aprovechar el talento de quienes llegan a Navarra.
Finalmente, Ibarrola ha querido dejar clara la postura de su partido respecto al modelo de integración: facilidades para quien viene a trabajar, integrarse y pagar impuestos, pero tolerancia cero con el abuso. "Derechos y obligaciones; ayudas cuando se necesiten, sí, pero abusos y fraudes, evidentemente, no", ha sentenciado, rechazando de plano lo que califica como "regulaciones masivas con escasos controles".