Unidad de las instituciones vascas frente a la última sentencia contra el euskera

las instituciones vascas se muestran unidas en su rechazo a lo que consideran un ataque a las políticas de normalización del euskera. El Ayuntamiento de Donostia tiene en marcha una OPE en la que oferta dos plazas de Guardia Municipal para las que ponía como requisito el nivel B-2 de euskera. Requisito que fue recurrido por un aspirante al que le ha dado la razón un juzgado de Donostia que lo anula y lo califica de "discriminatorio".

Ante este fallo judicial, el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana estudia recurrir la sentencia, que el alcalde de Donostia, Eneko Goia, considera "un ataque a la línea de flotación del proceso de normalización del euskera que las administraciones públicas vascas hemos llevado a cabo durante estos últimos años y afecta a la apuesta que nosotros hacemos por la revitalización del euskera". El alcalde, además, afirma que esta sentencia va en contra de los derechos de los donostiarras: "yo creo que los derechos lingüísticos de nuestros ciudadanos a la hora de prestarles servicios deben estar garantizados y con esta sentencia no lo están". 

El Ayuntamiento de Donostia ha recibido el apoyo de Gobierno Vasco y de la Diputación de Gipuzkoa. El portavoz del ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, ha defendido la política de impulso y normalización del euskera realizada por el consistorio en los últimos 40 años. "Hay un marco general que estableció en su día el Gobierno Vasco a través del Decreto de Normalización del Euskera en el año 1997 y es a partir de ese decreto cuando las diferentes instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de San Sebastián, de acuerdo a la realidad sociolingüística que vive la ciudad, establece cuáles son los planes de normalización y establece, también, las necesidades que va a tener que cumplir para que sus trabajadores puedan atender los derechos lingüísticos de la ciudadanía donostiarra".

En este sentido, Zupiria cree que la sentencia que ha emitido ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Donostia "cuestiona esa capacidad del Ayuntamiento de Donostia para establecer los requisitos lingüísticos que sus empleados deben tener y al derecho que los donostiarras tienen a ser atendidos en euskera antepone el derecho de otras personas a acceder a un cargo público". Por ello, dice el portavoz del Gobierno Vasco que comprende "la reacción del alcalde de San Sebastián" y comparte que el consistorio valore la posibilidad de presentar recurso ante el fallo judicial.

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa cree que esta sentencia no solo va en contra de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, sino también del consenso político que existe en el territorio sobre la normalización del euskera. La diputada general Eider Mendoza asegura que "hay un consenso político muy importante en nuestro territorio para que los empleados y empleadas públicas conozcan los dos idiomas oficiales para que los derechos lingüísticos de la ciudadanía puedan ser respetados" y esta es "una sentencia más que va en contra de ese consenso político y del derecho de la ciudadanía de expresarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales en nuestro territorio". 

Por ello, la institución foral ofrece "sus servicios y su conocimiento al ayuntamiento para lo que considere". Las tres instituciones se muestran dispuestas a seguir trabajando para garantizar la igualdad de las dos lenguas oficiales en Euskadi: el euskera y el castellano.