Una magistrada del Tribunal Constitucional censura el rechazo al recurso de Puigdemont

La magistrada Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Balaguer consideró como “inusual” que la Sala de Vacaciones de ese organismo –de mayoría conservadora–, compuesta por tres magistrados, optara por resolver el recurso del expresident Carles Puigdemont contra su orden de detención a prisa y corriendo y tras una deliberación de tan solo nueve días, sin esperar a elevarlo al pleno del TC –donde la corriente progresista lleva la batuta– por su especial trascendencia del caso. Sin querer entrar en especulaciones de corte político ya que “no sería lo correcto”, Balaguer por el contrario sí que afeó que no se esperen a cumplir las formas ni los tiempos habituales en el Constitucional. “Yo no sé qué ha animado a estas personas a resolver por auto una situación que generalmente se suele hacer admitiendo a trámite y abocando” al pleno, afirmó.

En este sentido abundó que desde 2017, año en el que se celebró el referéndum del 1-O en Catalunya, “todos estos asuntos” –en referencia a los relacionados con el procés soberanista– “se han tramitado en pleno porque incumbía al pleno tramitarlos” por el “interés excepcional” de estos asuntos y por su “importancia y trascendencia”. “Por eso llegamos en 2017 a un consenso”, afirmó, una postura que se ha respetado también por “las sensibilidades que se puedan considerar en un sentido más abierto, a un cierto federalismo, como podía ser la posición mía y la de Juan Antonio Xiol y algún otro compañero”. Tal y como Balaguer añadió, esa unidad de criterio solo se rompió en dos ocasiones y “desde luego justificando mucho lo que nosotros pensábamos que tenía que ser una voz distinta”.

“Una fue en un asunto de multa, o algo así, que hicimos un voto concurrente, y otra fue como recordarán, en la sentencia del procés, que tuvimos que hacer un voto disidente Xiol y yo porque consideramos que claramente era de aplicación una sentencia de 1999 que establecía la graduación por penas”, según rememoró la magistrada del Tribunal Constitucional. En todo caso, no quiso pisar más charcos en cuanto fue cuestionada sobre una posible intencionalidad política en la decisión que adoptaron dos de los tres magistrados de la Sala de Vacaciones del Alto Tribunal, Concepción Espejel y César Tolosa –ambos del bando conservador–, y a la que se opuso la tercera, Laura Díez, del ala progresista. No puede “valorar los comportamientos políticos de las personas o los jurídicos”, razonó para eludir la pregunta. Así, se limitó a indicar que cuando un magistrado se enfrenta a un problema jurídico “debe dar una solución jurídica” porque los políticos “sí están para dar soluciones políticas, pero si nosotros somos personas técnicas, lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestro conocimiento del derecho constitucional, que creo que para eso se nos elige, y estar lo más ajenos a la política posible, yo eso es lo que intento hacer”.

Moncloa se pone de perfil

En todo caso, la última maniobra efectuada por el sector conservador que dirige la Sala de Vacaciones del Constitucional sigue trayendo cola. Su dictamen fue ayer jueves objeto de crítica por parte del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra en funciones de Defensa, Margarita Robles, quienes aseveraron que “la Sala de vacaciones es solo para temas menores. No para temas de tanta trascendencia. No es prudente”. En todo caso, Bolaños trasladó “todo el respeto a la resolución del Constitucional” y prefirió ponerse de perfil y no entrar a valorar “ni el auto, ni el voto particular ni la decisión de la Fiscalía de recurrir”. “Estoy seguro de que todas las resoluciones que adopte el Tribunal Constitucional serán conforme a derecho”, zanjó. Robles se suma más al parecer de la única representante del ala progresista en la entidad, Laura Díez, que votó en contra por no ser un tema urgente. Sea como fuere, el plazo para recurrir la resolución de la Sala de Vacaciones empieza el 1 de septiembre, ya que agosto es un mes inhábil para este tipo de trámites, según fuentes de la Fiscalía.