El PNV pide no criminalizar al pequeño propietario de vivienda

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, Isabel Rodríguez rebuscó entre sus papeles y, en varias ocasiones, no pudo responder a las dudas de los medios de comunicación sobre los dos decretos de vivienda que quiere convalidar este viernes en el Congreso de los Diputados. Reconoció que habían introducido varios cambios y que quedaba pendiente la definición final de los textos. Un "cacao", como reconoció ella misma. De ahí que quizás fuera mucho pedir que todos los grupos concretasen su sentido de voto tan solo unas horas después, en la sesión de control al Gobierno español que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en el Congreso. No es el caso de la izquierda abertzale. EH Bildu ha convertido el problema de la vivienda en una de sus banderas electorales y se ha subido a la ola de las protestas en las plazas tras el desahucio de la anciana Maricarmen Abascal en Madrid, lo que ha provocado que anuncie ya su respaldo a los dos decretos con la consigna política de no "dar la espalda al rugir de las calles". El PNV no se va a enrocar en la "trinchera" y quiere alcanzar un acuerdo, pero recibió los textos de madrugada (a la 1.00) y, por tanto, no ha concretado su sentido de voto y está examinando la letra pequeña para ver cómo impacta la normativa en un caso singular como el vasco, que se caracteriza por el peso de los pequeños propietarios y no de los fondos buitre. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, formuló una pregunta a la ministra Rodríguez en la sesión plenaria, y lanzó un mensaje general que resumía la posición mantenida por el PNV hasta la fecha: "hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo"; los pequeños propietarios aportan el 90% de la oferta de alquiler en Euskadi y son necesarios mientras no exista un parque público suficiente; y hay que optar por "más zanahoria", más incentivos, "y menos palo".

Las fuentes jeltzales consultadas por Grupo Noticias aclaran que sus palabras eran un resumen de la posición mantenida hasta la fecha, y no eran una reacción como tal al contenido del primer decreto (publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado) ni tampoco al segundo decreto, el de los alquileres (se publicará este jueves, pero ya se ha filtrado a la prensa). Ahora bien, a falta de que el PNV desvele su posición, a simple vista el segundo decreto parece muy problemático: cuando finalice el plazo mínimo obligatorio de cinco años de alquiler, si el propietario decide no renovar el contrato, tendrá que pagar un año entero de renta al inquilino por los costes de una mudanza forzosa. Afecta a todo tipo de propietario, sea persona física, o persona jurídica (es decir, una empresa, en cuyo caso el periodo mínimo del alquiler sería de 7 años y no 5). En los últimos años se ha extendido la psicosis entre los pequeños propietarios, y en algunos ámbitos han alertado de que estas medidas pueden ser disuasorias y empujar al propietario a optar por la venta, lo que puede reducir el número de pisos en alquiler. Varios grupos, como el PNV y Junts, llevan meses trasladando que los costes de procurar una vivienda son responsabilidad de la administración pública, no de un particular.

Solo se librará de pagar la indemnización por alguna de las siguientes seis causas justificadas: que el propietario necesite el piso para vivir y se mude en tres meses, que el inquilino no haya vivido en el piso durante más de seis meses en un año o que tenga otra casa de su propiedad, que las dos partes firmen un contrato nuevo, que el dueño ofrezca una renovación con un precio que se respete los índices oficiales y aun así lo rechace el inquilino, o que el propietario demuestre una situación de vulnerabilidad. En cualquier caso, hay excepciones para las zonas tensionadas y cuando el propietario sea gran tenedor (propietario de más de 10 inmuebles, según la Ley de Vivienda; o 5 en zonas tensionadas). Desde el principio, se interpretó que este decreto quería contentar a Podemos y Sumar porque responde a sus demandas, pero tiene todas las papeletas para caer y ser carne de cañón en la votación del viernes ante grupos como Junts. En el caso del PNV, todo está siendo objeto de análisis y, como tal, también está sobre la mesa la posibilidad de votar diferente en cada decreto.

Precisamente durante este pleno, las cámaras captaron al presidente del EBB, Aitor Esteban, siguiendo la sesión en la tribuna de invitados. Las fuentes consultadas aclaran que el viaje estaba previsto de antemano, y respondía a una serie de encuentros que tenía en agenda para la tarde de la víspera. Pero, ya que estaba en Madrid, Esteban aprovechó para seguir el pleno, analizar los decretos y hablar "con unos y con otros". Se pudo ver cómo Esteban entraba en la zona de despachos del Gobierno español en las instalaciones del Congreso.

El decreto publicado este miércoles no es ese, sino el que prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2028 que las entidades mercantiles compren viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación. Se paralizan hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Durante la rueda de prensa del martes, la ministra no llegó a concretar de viva voz cómo afecta la moratoria antidesahucios a los pequeños propietarios o cómo se ha definido qué es un fondo buitre, de ahí el trabajo de análisis en el que han estado inmersos varios de los grupos del Congreso. Además, hay algunas contradicciones en los plazos entre ambos decretos, pero el que prevalece es el que se publique este jueves, el del alquiler, porque es posterior.

"Más zanahoria y menos palo"

La jeltzale Maribel Vaquero defendió ante la ministra en la sesión de control que "hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo". "Se puede y se debe defender al inquilino sin criminalizar a quien pone su vivienda en alquiler. Los pequeños propietarios en Euskadi aportan el 90% de la oferta de alquiler y, mientras no dispongamos de parque público suficiente, los necesitamos. No se pueden equiparar los grandes fondos de inversión con los pequeños propietarios. La función social de la vivienda es una responsabilidad que debe garantizar la administración pública, no recaer sobre los particulares. Además de construir más, necesitamos seguridad jurídica, incentivos y medidas eficaces. Más zanahoria y menos palo. No tenemos una varita mágica, pero tampoco quienes lanzan grandes proclamas como Podemos. Nuestro grupo ha demostrado voluntad de diálogo, altura de miras y capacidad de negociación. Y subrayo negociación, no imposición. Hay grupos más preocupados en alimentar el desacuerdo que en encontrar soluciones", lamentó.

A partir de ahí, aclaró que al PNV no lo van a encontrar "en la trinchera", sino "trabajando para alcanzar acuerdos". "Hemos defendido proteger a los vulnerables, dar seguridad a los inquilinos y arrendadores, ampliar el alquiler habitual, construir más vivienda social y tasada, limitar la especulación, regular el alquiler de temporada –que es un vacío de la Ley de Vivienda de 2023–, limitar pisos turísticos y abordar medidas fiscales. Pero estas medidas deben servir para garantizar el acceso a una vivienda digna y no dificultarlo. Con los dos decretos no se solucionará la crisis habitacional. Hoy puede evitar el desahucio de una persona vulnerable pero, ¿garantizarán mañana el acceso a una vivienda digna a cualquier persona que quiera iniciar un proyecto de vida? ¿Existe una voluntad real de escuchar a los partidos y alcanzar acuerdos que permitan proteger a las personas vulnerables y garantizar el acceso a la vivienda también a quienes la necesitarán mañana? Nos preocupa mucho que, tras ocho años, se legisle a golpe de decreto ley en un tema tan serio como la vivienda", concluyó.

La ministra comenzó con elogios, con "palabras de reconocimiento" para el PNV y para el trabajo que realiza el Gobierno Vasco en coalición con el PSE. Aseguró que el Gobierno español ha dado pasos para alcanzar un acuerdo en base a los puntos señalados por el PNV, en los que Rodríguez no se quiso detener. "Si saliéramos a la calle con esos puntos que acaba de relatar, la mayoría de los españoles diría que sí", dijo, para añadir que, como dice el grupo jeltzale, la tarea no se va a terminar "con este real decreto", pero para seguir adelante "necesitamos a todos en esta Cámara y al sector privado, que debe levantar casas". El Gobierno español lo ha fiado todo al clamor social en las calles, y ha propuesto una votación exprés el viernes, tan solo tres días después de presentar oralmente los decretos, uno de los cuales se publicará en el BOE un día antes de la sesión del Congreso.