La decisión de Departamento de Educación de llevar ante la Fiscalía a las operadoras del sector del transporte escolar por actuar de "modo ilícito" para "manipular" al alza el precio de las rutas supone un quiebro inesperado dentro del tira y afloja que vienen manteniendo las partes los dos últimos años. Hace ahora doce meses, el Departamento de Educación desactivó la noche anterior al primer día de clase –gracias a una subida del 24,1% de la financiación del servicio– el problema de que miles de estudiantes se quedasen sin autobús escolar. Este verano las empresas han cumplido al milímetro el guión seguido el año pasado con la esperanza, seguramente, de lograr un desenlace distinto al anunciado hoy por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz.
A mediados de julio, a un mes vista de la vuelta al cole, las asociaciones que representan al sector ANETRA, ASINTRA EUSKADI, AUNDI y DIREBUS advirtieron “del riesgo” que existe de que a la vuelta de vacaciones las niñas y los niños que cursan estudios en centros públicos de Euskadi no pudiesen disfrutar de los servicios de transporte escolar. Según afirmaron estas cinco asociaciones, gran cantidad de licitaciones acababan de quedar desiertas en los tres territorios históricos con niveles superiores al 90% en Araba y Bizkaia y cercanos al 60% en Gipuzkoa porque las dificultades de los operadores comprometían “seriamente” la prestación de los servicios de transporte escolar “no sólo en el próximo curso sino a futuro”.
Antecedentes y posibles hechos ilícitos
- Desde el año 2020, el Departamento de Educación ha presentado 3 procesos de licitación, concursos públicos en los que las empresas pueden competir por hacerse con algunas de las rutas de transporte escolar establecidas por el Departamento de Educación.
- En todo este tiempo, se han presentado un total de 27 recursos a los pliegos de esos concursos públicos ante el OARC -Órgano Administrativo de Recursos Contractuales-, basándose fundamentalmente en que las condiciones económicas presentadas por el Gobierno Vasco son insuficientes. Cabe señalar que ninguna de las alegaciones en las que se ha cuestionado el presupuesto del contrato ha sido aceptada por el Órgano administrativo. Además, en las últimas resoluciones, el OARC dictamina mala fe de las empresas y asociaciones al presentar los recursos, de una evidente intención de dilatar el proceso y de argumentos contradictorios, entre otros elementos.
- Con respecto a las condiciones que el Departamento de Educación ha presentado en esos concursos públicos, es importante señalar que se han tomado como referencia los criterios e indicadores de costes recogidos en el Observatorio del Transporte -tal y como solicitó expresamente el sector-.
- Conviene recordar que, al inicio del curso pasado, por no existir una contratación en vigor al uso, el Departamento de Educación acordó con las empresas un incremento económico del 24,1% debido a la subida de los precios -fundamentalmente el combustible-, motivada entre otros elementos por la guerra de Ukrania. Las empresas lo aceptaron y el servicio se ofreció sin contratiempo.
NEGOCIACIÓN FRUSTADA
Así, los operadores de transporte escolar vascos –en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas familiares de segunda generación– no sabían si podrían seguir prestando el servicio. En este contexto, las patronales del sector aseguraron que a comienzos de junio volvieron a solicitar una reunión a Lakua que no habría sido atendida. Denunciaron que los presupuestos base los contratos eran “claramente irrealistas” y que la duración de los mismos era “excesivamente larga”. Ante esta situación, las asociaciones de transportistas afirmaron tener una actitud de mano tendida al Departamento de Educación, al que solicitaron una respuesta para “evitar que decenas de miles de colegiales tengan dificultades para llegar a sus colegios a partir de septiembre”. Pero las cosas no han salido como el año pasado.
387 RUTAS DESIERTAS
El pasado 25 de agosto, la Asociaciones de Transportes asistentes a la reunión convocada por el Educación Lakua martes 22 de agosto desmintieron públicamente la información aparecida en ciertos medios de comunicación en la que se afirma que el servicio de transporte escolar estaba garantizado. Según las operadoras, la Viceconsejería de Educación propuso a los operadores continuar prestando el servicio en las condiciones del curso pasado en 387 de las 467 rutas que han quedado desiertas. Y siempre según ANETRA, solo en 50 de ellas se ha aceptado. En definitiva, más de un 70% de las rutas aún están en el aire ya que las empresas siguen sin estar conformes a prestar el servicio en las condiciones propuestas.
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