Rego afirma que la distribución de menores migrantes será "obligatoria y pactada" con las CCAA

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado este viernes que la distribución y acogida de menores migrantes en el Estado español será "obligatoria, vinculante, solidaria y pactada" con las comunidades.

Rego ha participado en Bilbao en una jornada titulada "Menores inmigrantes en la frontera", organizada por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario.

En su intervención, Rego se ha referido a la reforma urgente de la ley de extranjería que pretende impulsar el Gobierno español para el reparto por todas las autonomías de los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados llegados al país, y que ya ha sido pactada entre el Ejecutivo español y el de Canarias.

Según ha recordado, los criterios para la distribución serán los seguidos hasta ahora, como la tasa de desempleo, el nivel económico, la dispersión territorial de los núcleos de población o el esfuerzo de acogida de menores de las comunidades en los últimos seis meses.

Ha resaltado que Canarias, hoy en día, acoge a más 5.400 menores, lo que representa un "problema" que se debe solucionar.

La ministra ha destacado que la inmigración requiere de un plan "estructural" porque no se trata de crisis puntuales, y en ese marco se debe de dotar de recursos "suficientes" a todos los estamentos encargados de la acogida.

Sobre los menores migrantes que viajan solos, en concreto, ha remarcado que se debe "poner en el centro su interés superior y sus derechos", y se ha congratulado de que en España todos los menores tienen derecho a la protección, independientemente de su origen.

En ese escenario, la distribución por autonomías debe ser "coordinada, pactada y sensata", a la que se debe sumar "estrategias de acompañamiento para que esos menores tengan oportunidades reales de futuro".

En su exposición se ha referido también al Pacto de Inmigración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 10 de abril y apoyado por España, pero no por su partido político, Izquierda Unida.

Según ha criticado, dicho pacto supone "prácticamente" la suspensión del derecho de asilo y dentro de unos años "se recordará como una regresión a todos los niveles: político, migratorio y de estrechamiento de los Derechos Humanos".