El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Junta de Castilla y León de intervenir en la creación cinematográfica como una "dictadura" por excluir de las ayudas públicas a los largometrajes que impliquen "adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".
El ministro y secretario general del PSOE de Valladolid ha cuestionado esta condición, incluida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Vox, en los requisitos para acceder a las subvenciones destinadas a la realización de largometrajes.
"Yo pensaba que la dirección artística de una película solo la decidían los gobiernos en las dictaduras. Va a ser verdad que en España hay una dictadura, pero en Castilla y Léon concretamente", ha escrito Puente en su cuenta de X. Con estas palabras, el dirigente socialista ha cargado contra el Gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco, del PP, por una medida del departamento que encabeza Alberto Díaz Pico, de Vox.
Una cláusula que excluye determinados contenidos
La condición que ha provocado las críticas figura en los requisitos para solicitar las ayudas, publicados el pasado 9 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). El texto establece que no podrán recibir estas subvenciones los largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".
El PSOE denuncia un "intento de censura"
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, también ha rechazado esta cláusula, que ha calificado de "intento de censura" por parte de Vox, y ha llamado a "defender la libertad para crear".
"¿Y quién decide qué es adoctrinar? ¿Hablar de igualdad, feminismo, diversidad o memoria democrática?", ha preguntado en una publicación en X. Martínez ha criticado que se utilice ese criterio para excluir películas de las ayudas públicas y ha afirmado que, para Vox, "el derecho de libertad de expresión y creación artística que consagra la Constitución es demasiado progresista".