La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, investigada en la causa penal sobre la gestión de la dana, considera que "nadie debería estar imputado" en esta macrocausa porque lo ocurrido aquel día "no fue una riada ni una dana, sino un tsunami" y "una tragedia que nadie podía prever".
Fuentes del entorno de la exconsellera han señalado, a punto de cumplirse el segundo aniversario de la catástrofe que arrasó parte de Valencia aquel 29 de octubre de 2024 y dejó 233 víctimas mortales, que fue una "tragedia repentina" y que puede haber responsabilidades políticas, pero no penales.
"Es una política, no un técnico"
Pradas "es una política, no es un técnico" subrayan las fuentes, que sostienen que "no tendría que haber imputados en la causa". La exconsellera es, junto a su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, la única imputada en la causa. Las mismas fuentes han indicado que, en caso de haber investigados, también deberían serlo las personas "encargadas de vigilar la subida del cauce del barranco del Poyo" y han señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.