El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha expresado sus discrepancias con la opinión oficial del Gobierno en torno a la polémica por la llamada 'patada en la puerta' para desbaratar una fiesta ilegal y ha recalcado que el Tribunal Constitucional establece que los pisos turísticos también es un domicilio, por lo decir lo contrario es ignorar el "alcance del derecho a la intimidad".
El Ministerio del Interior ha negado este martes que haya dado órdenes para que agentes de la Policía Nacional entren en domicilios sin orden judicial cuando se estén celebrando fiestas ilegales, pero en todo caso ha argumentado que el derribo de la puerta se ajustó al marco legal considerando que los inmuebles de modalidad turística no son morada. Una postura que también ha refrendado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Una habitación de hotel o una tienda de campaña es domicilio. Un piso turístico también. Quien diga lo contrario ignora el alcance del derecho a la intimidad", ha apuntado en redes Asens, haciéndose eco de la versión del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Interior del Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha detallado que la intervención policial para irrumpir en domicilios ante fiestas ilegales ante el covid-19 "no se puede dejar a interpretaciones temporales o de parte", pues el derecho a la intimidad está garantizado por Ley "y no debe vulnerarse".
Por tanto, ha subrayado que la Justicia debería "pronunciarse de inmediato si esa inviolabilidad puede "tener alguna salvedad" a la hora de adaptarse a la actual situación sanitaria".
"Esta cuestión es tan importante en estos momentos que no se puede dejar a interpretaciones temporales o de parte. La inviolabilidad del domicilio y el lugar donde se desarrolla la intimidad de una persona está garantizada por ley desde hace mucho tiempo y ello no debe vulnerarse", ha apuntado.
El futuro secretario de Estado para la Agenda 2030 ha precisado, no obstante, que no "todo son decisiones políticas" y cree que la Justicia debería pronunciarse "de inmediato" sobre si está inviolabilidad puede tener "alguna salvedad" a la hora de adaptarse a la crisis sanitaria para, de forma "excepcional", garantizar de forma efectiva la vida de las personas, sobre todos las más vulnerables.