Tubos Reunidos comienza una nueva etapa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco comunicó hoy que un juzgado de Gasteiz ha declarado en concurso de acreedores a siete sociedades del grupo empresarial vasco y ha nombrado como administrador concursal a la consultora internacional PKF Attest, que cuenta con oficinas en las tres capitales vascas y experiencia en tareas similares. A partir de ahora, la nueva administración tomará las riendas de una empresa con una deuda que ronda los 265 millones y que tiene en suspenso un Expediente de Regulación de Empleo para 240 trabajadores a consecuencia de una delicada situación que ha abocado a Tubos Reunidos a declararse en riesgo de “insolvencia inminente”. Se trata de una expresión que aparece en los dos autos judiciales que, con fecha del pasado lunes, emitió la jueza Teresa Trinidad, de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gasteiz.
La magistrada ha dictado dos autos separados. En uno de los autos se declara conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Group, con plantas en Amurrio y Trapagaran, y a Tubos Reunidos Premium Threads, con centro en Iruña de Oca. En otro auto, la titular del juzgado acuerda declarar conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Services y Aplicaciones Tubulares, así como la filial del grupo en Alemania y las otras dos en Estados Unidos. Los autos recogen que Tubos Reunidos alega también en la solicitud que “los deudores se encuentran en estado de insolvencia inminente y que éste queda acreditado con los documentos presentados”. “De la documentación aportada apreciada en su conjunto se desprende el estado de la insolvencia del deudor”, expone la magistrada, cuyo juzgado recibió la solicitud de concurso voluntario de acreedores de ocho sociedades del grupo la semana pasada. Además de las siete citadas, también se incluyó en esa solicitud a la cabecera del grupo, que cotiza en el mercado continuo bursátil. En cualquier caso, fuera de la cabecera del grupo, se trata de “sociedades industriales con un conflicto laboral vivo que precisan su inmediata declaración y nombramiento de administración concursal sin demora”, expone la jueza.
Los autos judiciales indican que, a partir de ahora, se abre un mes para que los acreedores comuniquen al juzgado su condición de tales, así como la documentación que lo acredite. Por otra parte, en el caso de las filiales radicadas en Alemania y Estados Unidos, el auto correspondiente subraya que “los órganos de administración están constituidos por personas que se encuentran y toman decisiones desde España”. Las decisiones “estratégicas, financieras y operativas” se adoptan en las sedes de Amurrio y Bilbao, indica la jueza, que expone asimismo que “las sociedades alemana y americanas carecen de autonomía financiera y se nutren exclusivamente de los flujos de fondos que, directa o indirectamente, provienen de la matriz o de Tubos Reunidos Group”.
En lo que respecta a la administracón concursal, los escritos judiciales argumentan que la elección de PKF Attest se fundamenta en el hecho de que se trata de una firma que reúne los “requisitos legales, cuenta con experiencia y recursos personales y materiales adecuados para asumir el cargo y tiene sede o delegación” en Araba, que es donde se centralizará el concurso.
Attest es una consultora fundada en 1990 y que cuenta con doce oficinas en el Estado, entre ellas en Bilbao, Donostia, Gasteiz e Iruñea. En 2010 pasó a ostentar su denominación actual tras su asociación con PKF, una consultora internacional surgida a finales de los años 60 en el Reino Unido y con cerca de 23.000 empleados, presente a su vez en 150 países. En su página web, PKF Attest subraya que trabaja en asesoramiento fiscal y legal, tecnologías de la información, auditoría, fusiones y adquisiciones, financiación empresarial y consultoría estratégica. Su labor será gestionar una empresa que cuenta con una deuda de 263 millones de euros y que en estos momentos tiene en suspensión un ERE para 240 empleados. Esta consultora ya se hizo cargo de la administración concursal a finales de 2024 de Astilleros Balenciaga, que el pasado año fue adquirido por el grupo emiratí Abu Dhabi Ports. La operación, valorada en 11,2 millones de euros, garantizó la continuidad de la actividad industrial en las instalaciones del astillero guipuzcoano, si bien en el acuerdo firmado con el comité de empresa, que permitió conservar los empleos, se incluyó una reducción salarial del 5% y los siguientes tres años congelados. PKF Attest también se ocupó de la liquidación, en el año 2020 y tras años de una dramática evolución, de Construcciones Navales del Norte, empresa más conocida como La Naval y que ocupó un lugar señero en la industrialización y desarrollo de la Margen Izquierda de Bilbao.
Por otra parte, el juzgado ha convocado a la administración concursal, la empresa y a los representantes legales de los trabajadores para que el próximo día 26 comparezcan en sede judicial para “exponer y justificar, en su caso”, la procedencia de continuar con la tramitación del ERE conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley Concursal, según informó el sindicato ESK.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró ayer que el Ejecutivo analizará en las próximas semanas la situación de Tubos Reunidos y se comprometió a explorar “todas las vías legales” para buscar la viabilidad de una empresa que considera “estratégica”. Durante el pleno del Senado, y desde un argumento de “prudencia” respecto a la situación actual de la compañía, Cuerpo compartió la “voluntad total” del Gobierno para “seguir trabajando por la viabilidad de este proyecto” y por el mantenimiento de los empleos, para lo que explorará “todas las vías legales” que estén a su disposición. Así, el Ejecutivo analizará “en las próximas semanas” la situación empresarial en función del escenario concursal que se plantee, con el fin de “buscar una solución” que tenga en cuenta “los intereses de los trabajadores” y en vías de garantizar la “sostenibilidad” y “viabilidad” de la firma.