Lo que comenzó como una serie de pedidos falsos de pizza terminó con un joven de 23 años detenido en Polonia y enfrentándose a una posible condena de hasta ocho años de prisión. El sospechoso, residente en Szczecin, está acusado de utilizar restaurantes y servicios de reparto para acosar a otras personas, amenazarlas y generar importantes perjuicios económicos.
Pizza para compartir, en una imagen de archivo.
La investigación está siendo dirigida por la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia (CBZC) bajo la supervisión de la Fiscalía Regional de Szczecin. Según las autoridades, el hombre realizaba pedidos con pago en entrega a nombre de personas que no habían pedido nada, una práctica que terminó afectando tanto a particulares como a restaurantes.
Un pedido de 300 pizzas y una factura de más de 8.500 euros
Uno de los episodios más llamativos de la investigación fue un pedido de unas 300 pizzas. El encargo superaba los 37.000 złotys , aproximadamente 8.500 euros, una cantidad que debía asumir el supuesto destinatario al recibir el pedido.
Los restaurantes no siempre llegaron a preparar los pedidos. En algunos casos los establecimientos optaron por rechazarlos debido a su tamaño y a la imposibilidad material de elaborar y entregar semejante cantidad de comida en condiciones normales.
La mayoría de los encargos tenían como destino direcciones de Szczecin, aunque los investigadores también detectaron casos en otras ciudades polacas como Varsovia, Cracovia y Breslavia.
Pedidos con datos personales y amenazas
El caso adquirió una dimensión mucho más grave cuando los investigadores comprobaron que las órdenes incluían información personal y detalles privados sobre los destinatarios. Según la CBZC, se trataba de datos que podían ser conocidos únicamente por las propias víctimas o por personas de su entorno cercano.
Además, algunas de las notas asociadas a los pedidos contenían mensajes perturbadores y amenazas explícitas. Entre ellas figuraban referencias al secuestro de un menor, al incendio de una notaría o a provocar deliberadamente un accidente de tráfico. Las autoridades consideran que estas actuaciones generaron miedo y una sensación de acoso continuado entre las personas afectadas y supusieron una invasión de su privacidad.
El sospechoso también habría utilizado los nombres de políticos y personalidades conocidas de los medios de comunicación como destinatarios de algunos pedidos.
En la entrega de pizza se aportaba algo más: una nota con los datos personales de los destinatarios que, según las autoridades polacas, solo ellos o personas cercanas podían conocer.
La Policía registra su domicilio y se incauta de dispositivos
La investigación conjunta de los agentes de la CBZC y de la Policía Municipal de Szczecin permitió localizar al sospechoso en su domicilio. Durante el registro, los agentes confiscaron dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento de datos que podrían haber sido utilizados para realizar los pedidos fraudulentos.
Tras las diligencias, el joven quedó en prisión preventiva durante dos meses mientras continúa la investigación. Los delitos que se le atribuyen incluyen el acoso continuado, amenazas y el uso fraudulento de la identidad de otras personas, por los que podría enfrentarse a hasta ocho años de cárcel.
Este caso no es el único que se ha conocido de acoso a personas con pizza. Hace unos años, un abogado alemán pasó años recibiendo entregas no solicitadas en su oficina antes de que las autoridades intervinieran. En otro llamativo caso, en 2016, un juez de Florida (EE.UU.) prohibió a un hombre pedir pizza a domicilio después de que este realizara una serie de llamadas de broma acosadoras y pedidos de comida falsos a pizzerías locales. No obstante, este caso es el ejemplo más extremo conocido de este tipo de acoso registrado.
Pedir pizzas nunca había salido tan caro.
Aunque el caso ha ocurrido en Polonia y las consecuencias penales dependen de su legislación, una situación similar en España también podría tener consecuencias de prisión. El Código Penal contempla diferentes delitos relacionados con las amenazas, el acoso, el descubrimiento y revelación de secretos o la suplantación de identidad, con penas que varían en función de la gravedad de los hechos y de las circunstancias del caso. A ello podrían sumarse las consecuencias derivadas de un posible acoso reiterado, así como de conductas relacionadas con el uso fraudulento de la identidad o el acceso y difusión ilícita de datos personales.