Nueva ordenanza animal en Vitoria-Gasteiz: multas de hasta 100.000 euros por maltrato y sanciones por no limpiar orines

Actualizado hace 30 minutos

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha dado un paso decisivo este martes durante la celebración de la comisión de Euskera, Cultura y Educación y Deporte, Salud y Cooperación al respaldar la nueva ordenanza de animales, un texto normativo planteado para renovar la regulación que estaba vigente desde el año 2013. La iniciativa salió adelante con el voto favorable de la inmensa mayoría de los grupos políticos municipales, a excepción de Elkarrekin, que optó por la abstención. El objetivo central de esta reforma institucional radica en dar una respuesta integral y actualizada a las exigencias de bienestar animal en la capital alavesa, introduciendo para ello un régimen de sanciones notablemente endurecido que incluye la elevación del tope máximo de las multas económicas hasta los 100.000 euros, además de penalizar de manera explícita comportamientos cotidianos como la falta de limpieza con agua de los orines caninos en la vía pública con 200 euros.

Multas más elevadas

El nuevo articulado diseñado por la corporación vitoriana redefine de forma sustancial la escala de penalizaciones de carácter leve. Hasta la fecha, las infracciones comprendidas en este primer tramo no superaban el umbral de los 750 euros, pero con la entrada en vigor del texto actualizado el límite superior se incrementará notablemente hasta alcanzar los 3.000 euros. Dentro de este grupo de faltas de menor entidad se encuadran diversas pautas de conducta dirigidas a preservar la convivencia urbana y el civismo.

Una de las grandes novedades de la ordenanza fija la obligatoriedad de limpiar los orines de los animales de compañía empleando agua, una medida encaminada a mantener el espacio público en condiciones óptimas cuya inobservancia acarreará una sanción fijada en 200 euros. En esta misma línea de disciplina comunitaria, la no recogida de los excrementos depositados por las mascotas en calles y plazas sufre un encarecimiento severo, ya que la cuantía del castigo pasa de los 90 euros actuales a 200 euros. Asimismo, la regulación establece la exigencia universal de disponer de un seguro de responsabilidad civil para todos los perros, catalogando la ausencia de esta póliza protectora como una infracción leve castigada con 501 euros.

Castigos severos ante faltas graves y muy graves

El endurecimiento normativo se percibe de forma aún más acusada al examinar las infracciones clasificadas como graves y muy graves. En el apartado de las faltas graves, los importes económicos a abonar por las personas infractoras sufrirán un repunte sustancial, dejando atrás la horquilla anterior cuyo tope era de 1.500 euros para situarse en importes que oscilarán entre los 3.001 y los 10.000 euros. En este bloque de tipificaciones se incluyen de forma expresa actitudes que atentan contra la calidad de vida de las mascotas, tales como mantener a un animal atado de manera permanente o dejarlo encerrado en el interior de un vehículo estacionado sin ventilación, en circunstancias ambientales que pongan en peligro su integridad física o bienestar.

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Los perros, en los últimos años, han sido siempre el animal preferido, sumando un total de 316.137 en el territorio, mientras el número de gatos asciende hasta los 243.813

Por su parte, el tramo reservado a las infracciones muy graves experimenta la subida más drástica del cuadro sancionador. Estas conductas, reservadas a aquellos supuestos donde se pueda causar la muerte de la mascota o provocarle secuelas de carácter grave y permanente, pasarán del techo previo de 3.000 euros a castigos económicos que irán desde los 10.001 hasta los 100.000 euros. Con este notable incremento presupuestario en las cuantías de las multas, el Consistorio vitoriano pretende desincentivar de raíz cualquier episodio de maltrato extremo en el término municipal.

Seguro obligatorio, gatos y custodia temporal

Más allá de los apartados eminentemente punitivos, el documento perfeccionado introduce preceptos destinados al cuidado profiláctico y al control de los animales domésticos. En lo que atañe a la población felina, la ordenanza estipula como preceptiva la identificación de los gatos mediante microchip, al tiempo que decreta la esterilización obligatoria para todos los ejemplares que superen los seis meses de vida.

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Paralelamente, el Consistorio ha fijado límites temporales máximos para evitar el desamparo involuntario de las mascotas en los domicilios. De este modo, queda rotundamente prohibido dejar solos a los animales de compañía durante un periodo superior a 24 horas consecutivas, un margen de tiempo que se acorta de forma drástica hasta las 12 horas de tope cuando se trate de perros. Igualmente, con el propósito de prevenir accidentes en los desplazamientos urbanos, la norma incorpora la prohibición explícita de llevar a los perros atados a vehículos de movilidad personal.

Bebederos, colonias felinas y criadores particulares

El desarrollo legislativo de esta iniciativa ha contado con una intensa actividad parlamentaria municipal. Los grupos políticos de la oposición llegaron a presentar un total de 112 enmiendas al proyecto, habiéndose estimado íntegramente todas las propuestas planteadas por EH Bildu y el Partido Popular. Por su parte, el grupo Elkarrekin formuló 98 enmiendas al borrador, de las cuales se terminaron aceptando 18 dentro del articulado final.

Entre las incorporaciones consensuadas destaca la instalación progresiva de bebederos adaptados para animales en la red de parques y áreas de esparcimiento canino de la ciudad. Asimismo, la ordenanza sienta las bases para estructurar un sistema público de información orientado a transparentar las actuaciones del Centro de Protección Animal (CPA). A través de esta plataforma, el personal técnico del recurso municipal llevará a cabo un seguimiento continuo e integral de las adopciones y acogidas gestionadas. El texto también abre la puerta a que los animales extraviados, desamparados o procedentes de decomisos administrativos puedan ser adoptados por terceras personas.

En el ámbito de la salud pública y la convivencia ambiental, la norma reserva un espacio destacado a la gestión de las colonias de gatos urbanos. El censo municipal destinado a estos grupos pasará a revestir carácter estrictamente administrativo, velando en todo momento por las exigencias impuestas por la legislación de protección de datos personales. La institución local difundirá periódicamente datos estadísticos anonimizados sobre estas agrupaciones desglosados por barrios, priorizando la seguridad de los propios animales y el resguardo de las personas voluntarias cuidadoras.

De igual modo, la normativa municipal expande su radio de acción hacia el entorno natural al fijar pautas para proteger la fauna y la flora silvestres del entorno local. En este sentido, se instauran salvaguardas operativas para evitar que la tenencia o el tránsito urbano de mascotas ocasione daños de gravedad en los ecosistemas de la zona. Finalmente, la ordenanza aborda la contención de la superpoblación regulando de forma estricta la prohibición de la cría entre particulares. Cualquier persona que desee llevar a cabo la reproducción animal deberá figurar obligatoriamente en el Registro de Criadores de Animales de Compañía, una exigencia que resultará aplicable incluso en aquellos casos en los que se trate de camadas ocasionales sin intencionalidad comercial.

Calendario de tramitación

Una vez superado el dictamen en la comisión municipal de este martes, el procedimiento legislativo encara su siguiente hito decisivo. La previsión oficial marca que la ordenanza se someterá a votación de aprobación inicial en el pleno corporativo este próximo viernes.

A partir de la consecución de ese trámite, se iniciará un plazo legal de exposición pública durante el cual la ciudadanía vitoriana, colectivos e instituciones dispondrán de la oportunidad de examinar al detalle el contenido del articulado y formalizar las alegaciones que estimen oportunas. La meta fijada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contempla la resolución de dicho periodo participativo para lograr la aprobación definitiva del texto legal a comienzos del año 2027.