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Nuevo día de movilizaciones en la comarca de Aiaraldea y en la Margen Izquierda. Los trabajadores de las plantas de Tubos Reunidos en Amurrio y Trapagaran están llamados este martes a secundar una jornada de huelga de 24 horas, una más de una serie de movilizaciones acordadas en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía. El pulso en la calle coincide, además, con una reunión decisiva que mantendrán desde las 11:00 horas la dirección de la empresa y el comité de empresa para tratar de buscar una salida a una crisis que amenaza 301 puestos de trabajo.
Un calendario de paros frente a los despidos
La plantilla no está dispuesta a aceptar los recortes planteados por la dirección, que contempla el despido de 214 trabajadores fijos y 87 eventuales. De la cifra total de 301 afectados, el impacto más severo se localiza en la planta alavesa de Amurrio, donde están previstos 274 despidos. Por ello, el comité de Amurrio pactó el pasado martes un calendario de cinco jornadas de huelga de 24 horas (para hoy día 17, el 23 y 26 de febrero, y el 4 y 9 de marzo), a las que se han sumado los sindicatos LAB y ESK de la planta de Trapagaran.
Este clima de protesta llega tras una semana de intensos movimientos. La dirección presentó el pasado 9 de febrero un plan de viabilidad asentado en tres pilares: la diversificación comercial, la reducción de costes y, fundamentalmente, la reestructuración de la deuda. El objetivo, según la empresa, es garantizar la continuidad de la actividad y recuperar la rentabilidad a medio plazo.
La deuda, el nudo gordiano del conflicto
El pasado viernes, los representantes de los trabajadores mantuvieron un encuentro clave con el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y los ayuntamientos afectados. De dicha reunión salió un mensaje unánime: la prioridad absoluta para salvar la empresa pasa por reestructurar la abultada deuda de Tubos Reunidos. Las instituciones vascas ya han mostrado su disposición a colaborar, pero todas las miradas apuntan ahora hacia Madrid.
Presión política en Vitoria, Madrid y Bruselas
Las fuerzas políticas han movido ficha en las últimas horas para tratar de influir en la resolución del conflicto. Desde el PNV, su portavoz parlamentario, Joseba Díez Antxustegi, ha instado al Gobierno español a que, a través de la SEPI, acceda a reestructurar la deuda que la compañía mantiene con el Estado. Para los jeltzales, este paso es "fundamental" para asegurar el futuro de los empleos y atraer inversores privados que den oxígeno a la firma. Antxustegi ha recordado que la situación en Aiaraldea "no es fácil" y que es necesario actuar con responsabilidad para mantener el tejido industrial.
Por su parte, EH Bildu ha trasladado el debate al Congreso de los Diputados, reclamando medidas urgentes contra los aranceles de EE.UU. y el elevado precio de la electricidad, factores que, a su juicio, lastran la competitividad de esta empresa "puntera". La coalición soberanista pide que las ayudas públicas se vinculen estrictamente al mantenimiento del empleo y preguntará este viernes en el Parlamento Vasco al consejero de Industria, Mikel Jauregi, sobre los planes del Ejecutivo vasco.
En la arena europea, la europarlamentaria del PSE-EE, Idoia Mendia, ha reclamado a la Comisión Europea medidas de defensa comercial ante la competencia "asimétrica" de terceros países. Mendia defiende que el acero es un pilar de la autonomía estratégica de la UE y que se debe evitar que la presión arancelaria provoque cierres en centros competitivos como los de Tubos Reunidos.