La exmilitante socialista Leire Díez ha pedido anular la resolución en la que el juez ordenó a la UCO acudir a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar documentos en su investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno.
En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la exmilitante argumenta que, para dictar la mencionada resolución, el juez Santiago Pedraz se basó en información personal que ella pidió expurgar y que excede del periodo comprendido entre 2021-2023, que es en el que en un principio se centraba la causa.
Información recabada
Según sostiene la defensa de la también extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, en febrero Díez solicitó expulsar de la causa "cualquier tipo de información" que "corresponda a un periodo temporal distinto de los años 2021-2023", así como toda su información personal o profesional recabada de los documentos o dispositivos electrónicos incautados "que no guarden relación con los hechos investigados en la presente causa".
Unos días después, el juzgado abrió una pieza separada de expurgo y requirió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presentase los efectos intervenidos en el registro, y se abstuviese de utilizar el contenido de los dispositivos hasta realizar un expurgo.
Para la defensa, la supuesta participación de Díez se enmarca en el periodo comprendido entre 2021-2023 por, supuestamente, pertenecer a un grupo (Hirurok -'nosotros tres', en euskera) "por el que podría haber orientado expedientes de la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros" a cambio de presuntas comisiones.
Díez cuestiona por ello que el auto que justificó la entrada de los agentes de la UCO en la sede del PSOE el pasado miércoles se basase en "actuaciones e información recabada expresamente de documentos y archivos objeto de expurgo".
Menciona algunas de las conversaciones que el juez aporta en su auto y que, según Díez, serían posteriores al mencionado período, o encuentros, reuniones o hechos que el juez fecha en el año 2024, "evidenciando que está tomando elementos que nada tienen que ver con la presente causa porque no tienen lugar en el periodo temporal objeto de investigación (2021-2023) y cuyo expurgo se acordó expresamente".
Esas anotaciones, reuniones, comunicaciones y actuaciones han sido extraídas de cuadernos, agendas y archivos de Leire Díez y entrarían dentro de ese expurgo, según su defensa, que subraya que el expurgo es una "garantía" derivada "de los derechos fundamentales" reconocidos en la Constitución, cuyo fin es impedir que el Estado "conserve y explote información obtenida" más allá del "objeto autorizado judicialmente".
Por tanto, considera que la utilización de este material "excede claramente el ámbito constitucionalmente legítimo de la medida de investigación inicialmente acordada", y que cualquier información utilizada para autorizar la entrada de la UCO en la sede del PSOE que exceda del periodo 2021-2023 "es nula de pleno derecho".
En consecuencia, solicita la "nulidad de todas las actuaciones, información y material" recabado a través de los elementos que han sido objeto de expurgo, "incluyendo el Auto de 26 de mayo de 2026, así como todas las actuaciones derivadas y autorizadas por el mismo".
El juez ha levantado este lunes parcialmente el secreto de sumario de esta causa, en la que están investigados los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, o la gerente del PSOE Ana Fuentes, entre otros.