El conflicto hipotecario de Naiara y Asier, una pareja de Erandio que tienen un hijo menor de edad, terminó el pasado viernes con un triple desahucio que dejó sin vivienda tanto a la pareja como a sus respectivos padres. Todo comenzó en el año 2007 cuando firmaron una hipoteca para la compra de una vivienda. Hasta ahí todo parecía normal, sin embargo, los problemas vinieron cuando años después La Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), aprovechó unos cambios contractuales para aumentarles, sin avisar, la cantidad del préstamo y haciendo crecer, a su vez, la deuda.
En los últimos años, la entidad ha amenazado con desahuciarlos. Tanto a ellos, como los padres de ambos, ya que la UCI impuso la inclusión de los padres de ambos como avalistas después de producirse la ruptura del otro matrimonio que convivía con Asier y Naiara. Con la crisis y la pérdida de empleo, la pareja empezó a tener problemas para pagar los intereses que se multiplicaban y en 2019 presentó una demanda para anular varias condiciones del contrato, cuyo caso sigue pendiente en el Tribunal Supremo. Pese a todo, la entidad activó la vía rápida de ejecución hipotecaria y el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Bilbao rechazó suspender los lanzamientos, ignorando tanto la jurisprudencia superior como un informe social que acreditaba la vulnerabilidad de las familias.
Esta situación ha derivado en el desahucio de las tres familias. Fuentes apuntan a ONDA VASCA que a una de ellas se le podría adjudicar una vivienda de titularidad pública, mientras que las otras dos se encuentran en un hotel, sin que haya, por el momento al menos, una alternativa habitacional.
Protestas de familia y sindicatos
Ante esta circunstancia, las familias afectadas, junto con miembros del Sindicato Socialista de Vivienda, han llevado a cabo este lunes una rueda de prensa para denunciar la situación. Asier asegura que todo ha sido parte de una "estafa", ya que les vendieron una "hipoteca fija" que "en ningún caso se ha dado". Además, informa de que 10 años después de la firma, les llegó un extracto del banco en el que apreciaron que la hipoteca se había incrementado en 76.000 mil euros, lo que les llevó a tomar acciones legales.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda aseguran a ONDA VASCA que para ellos la alternativa justa y permanente está clara: no se deberían haber dado estos desahucios. Además, animan a la ciudadanía a acudir al sindicato en cuanto tengan constancia de estas prácticas, ya que en esta ocasión fueron conocedores de lo que estaba pasando un día antes de que se efectuara el desahucio y ya era demasiado tarde. Un desahucio que por cierto, se llevó a cabo pese a las protestas ciudadanas y a pesar de la moción aprobada por el Ayuntamiento de Erandio para declarar al municipio 'libre de desahucios'.