La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad se enfrenta este miércoles al último debate antes de su aprobación definitiva, después del veto del Gobierno español a las enmiendas incorporadas por el PP en el Senado junto a Junts y otros grupos por suponer un incremento presupuestario.
Si no hay sorpresas, está previsto que se apruebe la reforma esencialmente tal y como salió del Congreso el pasado mes de julio, sin los cambios que el PP ha introducido en el Senado con acuerdos con Vox, Junts, PNV y BNG, han explicado a EFE fuentes parlamentarias. La reforma amplía los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.
Prestaciones e incompatibilidades
Entre los cambios en materia de dependencia destacan los siguientes:
- Elimina incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones.
- Refuerza el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea, de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite.
- La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, como acompañamiento para hacer la compra o ir al médico.
- Amplía el concepto de cuidador y reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados.
- La teleasistencia será un derecho para todas las personas que tengan reconocida una dependencia y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.
- La reforma garantiza por ley que el Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales, la mayoría son mujeres, así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.
- Reduce los plazos para reconocer prestaciones, que pasan de seis meses a tres meses.
Nuevos derechos
Respecto a los cambios en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, permiten desplegar el mandato del artículo 49 de la Constitución y consolidar derechos de accesibilidad universal y autonomía personal.
- Permite el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad.
- Reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos.
- Obliga a las comunidades de vecinos a pedir ayudas para hacer obras de accesibilidad en viviendas si alguna de las personas residentes así lo solicita y facilita los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75 al 70 % el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad.
- Establece la atención temprana como derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos los menores de 6 años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo.
- Prohíbe la discriminación en los seguros hacia las personas con discapacidad y regula la figura de un facilitador procesal en los procesos judiciales.
Cambios con el apoyo del PP
La ley de dependencia y discapacidad fue aprobada en el Congreso el pasado mes de julio con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Tras su paso por el Senado, se incorporaron enmiendas del PP al contar los 'populares' con mayoría absoluta en la Cámara Alta y tras haber llegado a acuerdos con otros grupos.
Entre ellas, la reducción del IVA al 4 % para adaptación de viviendas o vehículos y asegurar que el Gobierno abone el 50 % del gasto en estas materias en cada una de las comunidades autónomas. También se aprobaron en el Senado enmiendas para mejorar las condiciones de las personas que reciben una prestación CUME, que compensa la pérdida de ingresos de los progenitores que reducen su jornada para cuidar a menores afectados por enfermedades graves.