Las mil y una caras del ‘caso Leire Díez’

Actualizado hace 5 minutos

Nadie podía imaginar, cuando salió a la luz hace solo un año, que el caso Leire Díez fuera a adquirir las descomunales dimensiones y la infinidad de ramificaciones que presenta a día de hoy. Lo que comenzó con la única imputación de una por entonces desconocida exmilitante socialista por un juzgado de Madrid, en base a un presunto intento de torpedear investigaciones judiciales contra el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno, ha devenido doce meses después en una macrocausa en la que hay ya más de una treintena de personas investigadas y que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La lista de implicados no deja de engordar. Ha alcanzado a la cúpula de la Guardia Civil y también profundiza en las entrañas de la formación socialista, estrechando el cerco alrededor de Pedro Sánchez, señalado en las pesquisas policiales como el one al que tenía acceso Leire Díez. Esta portugaluja, licenciada en Periodismo por la EHU y que se inició en la política en Cantabria, ha dado nombre a una trama que ha llegado a eclipsar a otras de la sordidez del caso Koldo o de la relevancia mediática de la que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En las siguientes líneas se exponen, agrupadas por diferentes líneas de conexión, las identidades de algunas de las figuras más destacadas del que, por las derivadas que se van descubriendo, ha pasado a ser identificado por muchos como el caso de las cloacas del PSOE.

El origen: Pérez Dolset, Rusiñol y Teijelo

Javier Pérez Dolset, empresario imputado desde el origen de la causa. Europa Press

El origen de la causa está en unos audios publicados en mayo de 2025 por El Confidencial en los que se recogía un encuentro entre Leire Díez y el getxotarra Alejandro Hamlyn, propietario de la energética Hafesa, imputado en la Operación Drake vinculada a la trama de los hidrocarburos -que investiga actividades de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector de los carburantes- y en la actualidad fugado de la Justicia con residencia en Dubái. En la conversación, la por entonces militante socialista -se dio de baja voluntariamente el 3 de junio de 2025- le solicitaba al empresario información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargado de indagar en los casos de Koldo García, Begoña Gómez, David Sánchez o el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El 31 de julio de 2025 se hizo público que el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, citaba como investigada a Díez tras admitir a trámite una denuncia contra ella de la organización ultraderechista Hazte Oír por cohecho y tráfico de influencias. También llamó a declarar, por entonces aún como testigos, a Jacobo Teijelo -abogado contratado por el PSOE y que ejerció la defensa de Santos Cerdán- y al empresario Javier Pérez Dolset. Ambos acompañaron a Díez en la reunión en la que esta, presuntamente, ofreció a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Balas.

Pérez Dolset (Jaén, 1969) es, sin duda, una de las figuras clave en la génesis del caso Leire. Fundador en 1998 de la tecnológica Zed Worlwide, fue imputado y enviado a prisión provisional en 2017 por un presunto desvío de dinero y activos de la compañía tras la quiebra de la misma. Su relación con Díez se fundamenta en que, según declaró en una entrevista en El País en mayo de 2025, investigaba con ella desde 2019 “las cloacas del Estado”, motivo por el que se declaraba una “víctima de la policía patriótica” del PP juzgada en el recién concluido juicio por la Operación Kitchen.

El empresario jienense se convertiría en el segundo encausado en este sumario por su participación en reuniones con los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, que denunciaron haber sido objeto de un intento de soborno a cambio de informaciones que ensuciarían la reputación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón o del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. En estos encuentros, supuestamente, tomó parte activa junto a Pérez Dolset y Díez el periodista Pere Rusiñol, editor de la revista satírica Mongolia, el tercero en resultar imputado.

Vicente Fernández, Antxon Alonso y Leire: el grupo ‘Hirurok’

Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Europa Press

La investigación de las actividades de Díez empieza a dar un salto cuantitativo y cualitativo cuando entra en acción la Audiencia Nacional. El 10 de diciembre, por orden del juez Santiago Pedraz, la UCO detiene a Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, en una investigación por cobro de mordidas en contrataciones públicas. Al día siguiente es arrestado Antxon Alonso, propietario de la empresa de construcción Servinabar. A los tres detenidos se les atribuye la obtención de comisiones ilegales por valor de 750.614 euros a cambio de influir en al menos cinco operaciones de la SEPI presuntamente amañadas para favorecer a empresas privadas o para la adjudicación de ayudas públicas. Según las pesquisas, canalizaban estas operaciones a través de un grupo de WhatsApp denominado Hirurok (nosotros tres, en euskera).

Antxon Alonso, natural de Elgoibar, está también investigado en el marco del caso Koldo. La UCO le sitúa como socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, que habría percibido el 2% de las obras adjudicadas irregularmente a Acciona, y asegura que daba billetes de 500 euros al exsecretario de Organización del PSOE.

Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 1973) accedió al cargo de presidente de la SEPI respaldado por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en junio de 2018, pero dimitió en octubre de 2019 al ser imputado por irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) cuando era secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, cargos de los que fue absuelto posteriormente. Pese a ello, según la UCO, siguió ejerciendo “de facto” como máximo dirigente de la SEPI entre 2020 y 2021, manteniendo reuniones, dando instrucciones y accediendo a información reservada. Su sucesora y actual presidenta, María Belén Gualda, también fue imputada el pasado 29 de junio junto a varios altos cargos de la SEPI por ver Pedraz “indicios de criminalidad” en su actuación en la concesión de ayudas públicas a empresas privadas. Como dato curioso, en 2023 fue el alto cargo público mejor pagado, con 245.125,89 euros anuales brutos.

Tubos Reunidos: registro y tres directivos imputados

Francisco Irazusta (izquierda), expresidente de Tubos Reunidos. Europa Press

Junto a Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia, Tubos Reunidos es la quinta empresa sobre la que la Audiencia Nacional ha intervenido al ver indicios de operaciones irregulares por parte de la SEPI, pero es la que más relevancia mediática ha tenido. Tras el registro de su sede central en Amurrio y sus oficinas en Bilbao el pasado 4 de junio, la UCO elaboró un informe en el que afirmaba que los miembros de Hirurok (Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso) habían utilizado sus influencias políticas para lograr un rescate de la compañía alavesa por valor de 112,8 millones de euros en 2021, cobrando por su intermediación un total de 247.459 euros. A raíz de ello, fueron imputados su expresidente, Francisco Irazusta; el exconsejero Jesús Pérez Rodríguez y el hoy en día CEO, Carlos López de las Heras.

En la actualidad, Tubos Reunidos se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de 260 millones de euros, unas pérdidas en el primer semestre del año de 77,4 millones y un panorama muy inquietante a corto plazo.

Hasta las entrañas de Ferraz

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, procesa también en el 'caso Koldo' Europa Press

El registro de Tubos Reunidos tuvo lugar aún bajo el shock provocado por el que una semana antes, el 27 de mayo, la UCO realizó durante más de 12 horas en la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz. Ese mismo día, el juez Pedraz imputa a Santos Cerdán, a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, en la causa abierta contra Leire Díez.

A Santos Cerdán (Milagro, 1969), también procesado por el caso Koldo, la investigación le coloca en un “papel directivo” de la presunta trama financiada por el PSOE para intentar desestabilizar causas judiciales contra la formación socialista o el entorno del presidente Sánchez, en la que Díez ejercería una “labor de dirección ejecutiva” subordinada. Según el auto de Pedraz, el exsecretario de Organización del PSOE acordó pagar a la exmilitante 4.000 euros al mes por dicha labor y además habría ordenado “verbalmente” a los empleados de Ferraz que cualquier viaje que ella solicitara “se tuviese por autorizado” sin que fuera necesaria su supervisión.

A Ana María Fuentes (Ronda, 1972) se le imputó por su presunta participación, como gerente del partido, en la validación de pagos realizados por el PSOE para financiar la trama coordinada por Díez camuflados bajo facturas que la UCO considera falsas.

Por su parte, a Gaspar Zarrías (Madrid, 1955) la investigación le atribuye un papel determinante en la ocultación de los pagos realizados por Ferraz a Díez, al canalizarlos a través de su consultoría, Zaño SL. Anteriormente, en el marco del sumario instruido por el juez Zamarriego, declaró como testigo que contrató a Díez para investigar una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de los ERE en Andalucía, caso en el que el propio Zarrías estuvo imputado. El que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía había sido sancionado en 2022 por el Tribunal Supremo con nueve años de inhabilitación por el caso de los ERE en Andalucía, aunque dos años después el Constitucional anuló dicha condena.

Otras personas que habrían participado en la ocultación de pagos a Díez son Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, que habría transferido fondos del PSOE a través de dos sociedades mercantiles de las que era titular, y el antes citado Jacobo Teijelo, que cobró supuestamente 125.000 euros de Ferraz.

Guardia Civil: con la cúpula investigada

Mercedes González, directora de la Guardia Civil, investigada por Pedraz. Europa Press

La Guardia Civil está teniendo un doble protagonismo en el caso Leire Díez. Por un parte, las investigaciones de la UCO son las que dan pie a la creación de la trama para torpedearlas y, además, se encargan de destapar hasta límites totalmente inesperados la dimensión de la red creada por la exmilitante socialista. Pero, por otro lado, la cúpula del instituto armado ha quedado bajo sospecha con las imputaciones que han recaído sobre sus principales responsables.

Es el caso de Mercedes González (Madrid, 1975), directora del cuerpo. La UCO intuye que abrió investigaciones reservadas contra agentes de esta unidad a instancias de Leire Díez. González admitió haber mantenido encuentros con la conocida como fontanera del PSOE, si bien les restó trascendencia afirmando que no duraron “más de lo que es el tiempo de un café” y negando que se abordaran cuestiones relativas a sus actividades ocultas. Sí aseveraba, en cambio, que en la última reunión zanjó la conversación cuando Díez le pidió que rehabilitara al comandante Rubén Villalba, suspendido de empleo y sueldo por su imputación en el caso Koldo como proveedor de servicios de seguridad a dicha trama. Y en su declaración ante el juez dijo estar en el “listado de víctimas” de Cerdán puesto que este sentía “animadversión” hacia ella.

La última imputación en esta causa, desvelada el pasado miércoles, es precisamente la de su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos (Valderas -León-, 1958). Pedraz le ha citado a declarar como investigado atendiendo a la petición de la acusación popular que coordina el PP, que apuntaba a una “actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil”. Para ello se basa en el testimonio del exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien denunció presiones del exdirector Marcos para que la unidad “se pusiera de perfil” en la investigación que la jueza de Badajoz Beatriz Biedma instruyó contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Por ese mismo motivo ya había sido imputado también el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, si bien su defensa aduce que él no estuvo en la reunión en la que supuestamente se impartieron esas directrices porque se encontraba clausurando un curso de seguridad en Logroño. El cuarto investigado perteneciente al instituto armado es el capitán Juan Sánchez Yepes, quien según el auto de Pedraz facilitó información sobre la estructura de la UCO y sus miembros, especialmente del teniente coronel Balas, a la red de Díez. Además, también ha declarado como testigo el ya antes citado comandante Villalba, quien aseguró que Leire Díez le ofreció un ascenso a cambio de información sobre la UCO, alardeando de que tenía vínculos “con los de arriba” y acceso al “one”, en alusión a Pedro Sánchez.

Juanma Serrano, la pieza en Correos

Juanma Serrano, expresidente de Correos y exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Europa Press

El cerco en torno al jefe del Ejecutivo se estrechaba un poco más el pasado 10 de julio tras la imputación del que fuera su jefe de Gabinete, Juanma Serrano (Madrid, 1974). Pedraz solicitó el volcado de su teléfono después de que la UCO le vinculara con el enchufe de Díez como Responsable del Área de Administración Local de Correos, empresa de la que Serrano era presidente por entonces. Ese contrato amañado se fraguó, según la investigación, a través del grupo Hirurok al que pertenecía el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien habría recibido más de 213.000 euros de un despacho de abogados contratado fraudulentamente por Correos. Además, la UCO atribuye a Serrano su colaboración “estrecha” con Díez en la desestabilización de causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

La bola crece

Estos son solo algunos de los rostros que, por ahora, aparecen retratados en el caso Leire Díez, una bola de nieve que no deja de agrandarse. Este mismo viernes, Pedraz ordenó rastrear hasta 81 cuentas vinculadas al PSOE desde enero de 2024, abriendo una “pieza separada económica” ante el carácter sensible de los datos para evitar su “pública difusión”. Veremos si lo que se extraiga de ese análisis es más de lo mismo o hace que el terremoto político provocado por lo conocido hasta el momento quede en nada frente a lo que está por venir.