La UE y el Reino Unido han firmado este martes el histórico acuerdo sobre Gibraltar que redefinirá el futuro del enclave tras el Brexit, y que supondrá el derribo de la verja que separa a la colonia británica de territorio español. La rúbrica ha tenido lugar en la sede de la Comisión Europea en Bruselas de la mano del comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty. Han estado acompañados por el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Se trata del último paso oficial antes de su entrada en vigor provisional este 15 de julio, a la espera de que los parlamentos europeo y británico ratifiquen el texto —previsiblemente en diciembre—, compuesto por más de 1.000 páginas, 336 artículos y 43 anexos.
La UE y el Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar.
El pacto, cuyo artículo 2 deja recogido que nada de lo contenido "afectará a las respectivas posiciones legales" de ambos países "respecto a la soberanía y la jurisdicción", persigue crear una zona de “prosperidad compartida y coordinación”. Su mayor exponente será la desaparición física de la verja, poniendo fin a años de colas para los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos (unos 10.000 de ellos españoles), que gozarán del mismo trato y derechos que los trabajadores locales. Las autoridades gibraltareñas y de La Línea de la Concepción (Cádiz) celebrarán este hito con actos a medianoche, y se prevé que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acuda este miércoles a presenciar la demolición.
A pesar del ambiente de celebración en el Peñón, la transición ha generado una profunda preocupación sobre el terreno. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la "falta de información" y la "incertidumbre" que sufren los agentes destinados en la frontera terrestre. Alrededor de un centenar de efectivos dejarán la verja para prestar servicio en el aeropuerto, pero la asociación advierte de que las nuevas dependencias "no estarían terminadas" para el inicio de la nueva etapa, a diferencia de las destinadas a la Policía Nacional. La AUGC critica que llevan "seis meses sin recibir información oficial", lo que ha derivado en una "desorganización" en la asignación de funciones que afecta a sus condiciones laborales y derechos básicos. Ante esto, exigen explicaciones inmediatas por escrito y que se garanticen instalaciones adecuadas conforme a la prevención de riesgos laborales.
En cuanto al funcionamiento práctico del acuerdo, la movilidad de personas se basará en un doble control en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Aunque el Peñón no formará parte del espacio Schengen, se aplicarán sus normas: las autoridades gibraltareñas gestionarán la inmigración y la policía, mientras que la Policía Nacional española se encargará del control de acceso al espacio europeo.
Por su parte, el aeropuerto —cuya soberanía de Reino Unido no es reconocida por España— será de uso compartido mediante una empresa conjunta que tendrá sede en un Estado miembro de la UE distinto a España. Esto facilitará vuelos directos entre el Peñón y destinos europeos operados por aerolíneas autorizadas.
En el ámbito comercial, se establece una unión aduanera que elimina controles para la libre circulación de mercancías, realizándose las gestiones aduaneras en La Línea, Algeciras y Sagunto. Para evitar la competencia desleal, Gibraltar aplicará un impuesto indirecto equivalente al IVA que partirá del 15% hasta converger en el 17% en tres años. Si no se ajusta a lo recomendado por el órgano consultivo independiente que se creará, España podrá activar una cláusula de salvaguarda.
Asimismo, se blindan otras áreas sensibles: las autoridades británicas necesitarán la conformidad de España antes de emitir o renovar permisos de residencia en Gibraltar, y se implementará un estricto protocolo contra el contrabando de tabaco, fijando un impuesto mínimo de 115 euros por cada 1.000 cigarrillos. Finalmente, la base de la Fuerza Aérea británica quedará fuera del acuerdo y sus militares exentos de controles de visado, pero sin derecho de residencia permanente.