La renovación del Poder Judicial se aleja

El CGPJ cumple tres años y un mes en funciones con su puesta al día truncada por la activación del calendario electoral

Tras el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP para renovar los órganos constitucionales, lo que incluyó al Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y, no sin polémica, cuatro miembros del Tribunal Constitucional, todas las esperanzas estaban puestas en que dicho pacto, que contó con el visto bueno del socio de los socialistas en Moncloa, Unidas Podemos, se extendiera antes del fin de 2021 a la pieza más codiciada, la puesta al día del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, a principios de diciembre fuentes próximas a las negociaciones que estaban pilotando los hombres de confianza de Pedro Sánchez y Pablo Casado, es decir, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraban que el acuerdo sobre el Poder Judicial estaba prácticamente cerrado y que solo faltaba encontrar el momento de anunciarlo y cómo hacerlo. Como se sabe, finalmente no hubo ni pacto ni anuncio, y cuando el CGPJ cumplió ayer tres años y un mes en funciones, no se prevé que pase a la siguiente fase en un futuro cercano.

En el camino se ha cruzado la sorpresiva activación del botón electoral con el adelanto de los comicios en Castilla y León, que están fijados para el 13 de febrero. Para el segundo semestre del año está prevista la cita con las urnas en otra comunidad gobernada por el PP, Andalucía, y ya en 2023 continuará el ciclo de forma imparable con las elecciones autonómicas y municipales.

En el trasfondo de todo ello está que el PP sume victorias para reforzar las posibilidades de su líder, Pablo Casado, de cara a unas futuras generales –la mano de Génova se aprecia de forma evidente en la disolución del Gobierno castellanoleonés–, por lo que el clima de confrontación con Sánchez se antoja como el deseado por los populares y cualquier tipo de acuerdo como el que tiene en vilo al CGPJ se aleja de su área de interés.

Imagen degradada Desde el propio Consejo aseguraban a Efe que "ya no valen excusas" porque "la imagen del Poder Judicial está siendo degradada" tras un tiempo récord de interinidad, de ahí que hace tan solo un mes todo apuntara a "un posible acuerdo antes de fin de año", lo que no se cumplió.

Independientemente de cuándo se produzca el acuerdo, los vocales afirmaban tener "las maletas hechas desde hace mucho tiempo" por "estar en la interinidad más absoluta", especialmente tras la última ley que les impide realizar nombramientos, muy contestada abiertamente por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Esta situación tiene particularmente en vilo al Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno advertía en octubre de que de no cubrirse las vacantes en el tribunal por el bloqueo en la renovación del CGPJ el escenario será "insostenible" e implicará que "se dictarán mil sentencias menos al año". Consideraba por ello "imprescindible" actuar para evitar el "colapso" del tribunal. El Supremo es solo la parte más visible de una situación que afecta a 48 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales, cifra que a día de hoy supera el medio centenar, según datos del CGPJ.

Medida de presión Ante semejante panorama, han sido varias las voces que han sugerido a Lesmes dimitir como medida de fuerza para cerrar el acuerdo, una opción que según explican algunos de sus compañeros en el Consejo jamás se ha planteado por "su respeto y profunda lealtad institucional". Ello no quita para que en cada foro aproveche para meter más presión a los partidos para que se entiendan. En la apertura del año judicial el 6 de septiembre, Lesmes denunció que el "incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación" del CGPJ, es "insostenible".