La OCU dice que "ninguna norma" ampara la prohibición de estacionar un coche eléctrico en un aparcamiento

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este miércoles de que "ninguna norma" ampara la prohibición de aparcar un coche eléctrico en un aparcamiento tras alertar de que "algunas empresas de aparcamiento público y de comunidades de propietarios" están impidiendo su entrada por supuestos riesgos de incendio.

En un comunicado, la OCU ha defendido que el marco legal aplicable "no solo no contempla una prohibición de este tipo, sino que promueve activamente la movilidad eléctrica mediante la obligación de instalar infraestructuras de recarga en edificios y estacionamientos".

"El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y el Código Técnico de la Edificación no diferencian entre vehículos eléctricos y de combustión. Mientras que el resto de la normativa aplicable a aparcamientos cubiertos coincide en impulsar la instalación de cargadores eléctricos. Tal es el caso del Real Decreto 450/2022, la ITC BT-52, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Real Decreto-ley 29/2021", ha concretado.

Incendios de vehículos

Asimismo, la OCU ha expresado que "la Comisión Europea ya se pronunció en 2025, señalando que los incendios de vehículos eléctricos de batería no son más frecuentes que los de los vehículos con motor de combustión interna" y considera que restringir el acceso de estos vehículos a aparcamientos cubiertos por razones de incendio "no resulta lógico y obstaculiza la adopción de tecnologías más sostenibles".

"Su recomendación es permitir su estacionamiento salvo en situaciones excepcionales que afecten a vehículos gravemente dañados", ha remarcado la organización.

En caso de que un usuario vea rechazado el acceso de su vehículo eléctrico a un aparcamiento abierto al público, la OCU ha recordado que puede reclamar directamente al titular mediante una hoja de reclamaciones, acudir a las autoridades de consumo, denunciarlo a través de su web Reclamar y poner los hechos en conocimiento de las administraciones competentes.