La OCU denuncia a Engel & Völkers por cobrar a los inquilinos comisiones de gestión inmobiliaria

Actualizado hace 5 minutos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra la inmobiliaria Engel & Völkers al considerar que incurre en una práctica contraria a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), consistente en cobrar a los potenciales inquilinos los honorarios del servicio de gestión contratado por el propietario.

Según ha afirmado la organización en un comunicado, la compañía exige a los candidatos a arrendatarios el pago de honorarios equivalentes a una mensualidad de renta más IVA mediante un modelo contractual denominado 'Encargo de Prestación de Servicios'.

A juicio de la OCU, los servicios incluidos en este documento engloban actuaciones propias de la intermediación inmobiliaria habitual, tales como la búsqueda y presentación de inmuebles, la organización de visitas, la recopilación y valoración de documentación de solvencia, la negociación de las condiciones del contrato o la entrega de la vivienda.

Corresponde al arrendador

La entidad recuerda que la LAU establece de forma explícita que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador.

Sin embargo, la OCU denuncia que el contrato analizado traslada el abono de estos honorarios al inquilino, calculándolos en función del importe de la renta y devengándose una vez que el propietario acepta la oferta de arrendamiento.

Desde la organización advierten de que el pago de estos honorarios resulta imprescindible para que la candidatura del potencial arrendatario sea presentada al propietario, lo que descarta cualquier tipo de voluntariedad en la contratación del servicio.

Perjudican a los consumidores

Asimismo, señala que el documento incorpora otras cláusulas que refuerzan este carácter obligatorio, incluyendo el pago en casos de desistimiento o modificación de la oferta, o su extensión si el consumidor alquila posteriormente el inmueble.

La OCU argumenta que la mención explícita en el contrato de que los servicios prestados "no constituyen gestión inmobiliaria ni formalización de contrato" no altera la verdadera naturaleza de la actividad.

Asimismo, la denuncia invoca la vulneración de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al entender que se perjudican los intereses económicos de los consumidores y se condiciona de forma indebida el acceso al alquiler.

Petición de inspección y sanciones

Ante la implantación generalizada del modelo contractual y la presencia de la red inmobiliaria en múltiples localidades, la OCU ha solicitado la intervención de la Administración General del Estado por el posible impacto en consumidores de distintas comunidades autónomas.

En su escrito, la entidad solicita la apertura de actuaciones de inspección e investigación, el cese inmediato del cobro de gastos de gestión inmobiliaria o de formalización contractual a los inquilinos, así como la adopción