La madre de Gabriel Cruz denuncia el daño moral continuado por las amenazas de Ana Julia Quezada

Actualizado hace 9 minutos

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018, ha presentado una ampliación de su denuncia en los juzgados de Almería para que se investigue como delito el daño contra su integridad moral causado por las presuntas amenazas de la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, y la producción de un documental.

Según ha informado este miércoles el entorno familiar en un comunicado, el escrito judicial fue registrado el pasado 20 de abril. La acción se enmarca en la instrucción de la denuncia interpuesta previamente contra Ana Julia Quezada y su actual pareja.

Protección frente a un sufrimiento incesante

La finalidad es que el juzgado contemple "la vertiente lesiva" de estas acciones continuadas y proceda a calificarlas penalmente, otorgando así la protección adecuada a la familia frente a un sufrimiento incesante.

Para objetivar la magnitud de estas secuelas, Patricia Ramírez ha comunicado que se someterá a una evaluación por un médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML). Ha asegurado que, pese al enorme coste emocional y "el daño que comporta volver a ser valorada", se prestará a esta diligencia para que se pueda demostrar objetivamente cómo estos actos les "destrozan continuamente", impidiéndoles avanzar.

En la ampliación de la denuncia, la representación procesal de Ramírez ha solicitado expresamente al tribunal que evalúe el conjunto de las lesiones de forma global. Ha reclamado que la valoración forense no se limite únicamente al delito de amenazas, argumentando que los hechos denunciados deben examinarse ineludiblemente en su conjunto porque el daño provocado "es real, se ha producido y se sigue produciendo".

Irregularidades económicas y privilegios en prisión

Recientemente, Ramírez denunció tener indicios de que la acusada habría percibido "adelantos" económicos para la realización de un audiovisual, unos fondos que habrían eludido el control judicial pese al embargo de sus cuentas. A esto se suma la denuncia familiar sobre presuntos privilegios de Quezada en prisión.

La familia advirtió del uso de móviles de forma ilícita y de supuestas amenazas de la reclusa a la dirección del centro con "sacar todo" si no se atendían sus exigencias. Todo ello ocurre mientras percibe un peculio embargado del que apenas han llegado menos de 250 euros a la familia en concepto de responsabilidad civil desde que ocurrieron los hechos.

Indefensión y el Estatuto de la Víctima

La situación de indefensión denunciada se ha visto agravada por otros frentes, como la existencia de una casa en República Dominicana que continúa sin ser intervenida tras años de requerimientos, o la reciente exposición de fotografías del menor en perfiles falsos de redes sociales bajo la identidad de la asesina, lo que obligó a su madre a solicitar el cierre inmediato de la cuenta. Patricia Ramírez ha apelado directamente a la Fiscalía y a los jueces para que estimen su solicitud y den "un paso hacia delante" exigiendo que se aplique de forma estricta el Estatuto de la Víctima, evitando así perpetuar un sistema que genera situaciones "tan revictimizantes, crueles y dolorosas" para quienes ya han sufrido la pérdida más devastadora.