Política

Colau exige a Sánchez que el alquiler baje un 30% como primera medida de un nuevo Gobierno

La candidata de Frente Amplio reclama aprobar antes del 29N la prestación universal por hijo y pide recurrir ante el TJUE el acuerdo europeo para deportar migrantes a Ruanda
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un Desayuno Informativo de Europa Press
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un Desayuno Informativo de Europa Press / EP

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, situó la vivienda como una de las principales condiciones de su formación para participar en un futuro Gobierno de coalición con el PSOE. La exalcaldesa de Barcelona exigió que la primera medida del próximo Consejo de Ministros sea estabilizar los alquileres y reducir sus precios al menos un 30%. Además, instó al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aprobar antes de los comicios la prestación universal de 200 euros mensuales por hijo a cargo, una iniciativa que, según aseguró, ya está elaborada, pero que ha permanecido bloqueada durante la legislatura.

Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, Colau defendió que el primer decreto de un eventual Gobierno progresista debe marcar una diferencia en materia de vivienda respecto al mandato anterior. "No vamos a consentir que en este campo se haga más de lo mismo", advirtió. La candidata señaló que la reducción de los alquileres debe ser una condición para que Frente Amplio se siente en el Ejecutivo y reclamó que el descenso alcance como mínimo el 30%.

Colau justificó la propuesta en el incremento de las rentas, que, según indicó, han subido más del doble que los salarios. A su juicio, los precios de la vivienda son ya "inasumibles" y es necesario intervenir por ley para corregir una situación que impide a muchas familias acceder a un hogar. Recordó que en 2018 Sánchez se comprometió con ella a limitar las subidas del alquiler, pero reprochó que el Gobierno tardara cinco años en asumir esa posición, durante los cuales los precios continuaron aumentando.

La candidata defendió que el coste de la vivienda no debería superar el 30% de los ingresos familiares y sostuvo que ese límite no se cumple actualmente en España. Junto a la política de alquileres, situó entre las prioridades para un acuerdo de gobernabilidad la redistribución de la riqueza mediante medidas fiscales y el refuerzo de los servicios públicos.

Pese a reclamar un papel determinante para su formación en un futuro Ejecutivo, Colau evitó pronunciarse sobre la posibilidad de ocupar el Ministerio de Vivienda. Aseguró que no está pensando en cargos ni carteras, sino en cumplir los compromisos políticos. "Las personas tienen que estar al servicio de un proyecto", afirmó, al defender que la prioridad debe ser responder a las necesidades de la mayoría social trabajadora.

También quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios ante las medidas fiscales y de intervención del mercado que plantea Frente Amplio. Según explicó, las iniciativas se dirigirán a los grandes tenedores y a quienes especulan con la vivienda, mientras que quienes poseen uno, dos o tres pisos "no van a sufrir en absoluto". Colau identificó a los fondos de inversión como parte del problema y cifró en 100.000 las viviendas que concentran en España.

En materia social, la candidata reclamó a Sánchez que apruebe antes del 29N la prestación universal de 200 euros al mes por hijo a cargo, una propuesta impulsada durante la legislatura por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Colau aseguró que la medida "ya está elaborada" y criticó que el presidente la haya anunciado durante la campaña como un compromiso de futuro cuando, según denunció, ha sido bloqueada por el propio Sánchez. Para la dirigente de Frente Amplio, hacer efectiva esta ayuda supondría "hacer más fácil la vida de la gente".

La exalcaldesa de Barcelona también cuestionó el triunfalismo del presidente del Gobierno al presentar la evolución de la economía y los datos macroeconómicos. A su entender, esa imagen no refleja la situación de una mayoría social que percibe que España es "más desigual que hace una década". Aunque reconoció que durante los últimos años se han adoptado medidas, consideró que no han sido suficientes y defendió que su candidatura pretende dar respuesta a los problemas que siguen sin resolverse.

Colau apeló, además, a una movilización de la izquierda alternativa en las elecciones del 29 de noviembre y se mostró convencida de que puede revertir los resultados que apuntan las encuestas. En el terreno de la regeneración democrática, reivindicó que su candidatura ha acreditado, según afirmó, "cero casos de corrupción" y contrapuso esa situación a la del PSOE, al que reprochó haber afrontado tramas que calificó de "muy graves".

Rechazo al acuerdo con Ruanda

En materia migratoria, Colau instó al Gobierno español a presentar un recurso formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el acuerdo alcanzado por Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria para abrir en 2027 un centro de deportación en Ruanda. El pacto permitirá trasladar a ese país a personas sin residencia legal, incluidos solicitantes de asilo a quienes se les haya denegado la protección y que hayan rechazado el retorno voluntario, mientras se tramita su expulsión definitiva.

La candidata calificó la iniciativa de "gravísima" e "inaceptable" y sostuvo que vulnera la legislación internacional. A su juicio, la externalización de la gestión de las fronteras europeas ha demostrado ser ineficaz y supone destinar miles de millones de euros a medidas que podrían emplearse en gestionar los flujos migratorios sin vulnerar los derechos humanos. También recordó que Italia intentó una fórmula similar y que la Justicia la consideró ilegal.

Colau relacionó ese modelo con la crisis migratoria de Ceuta y consideró "inverosímil" que Marruecos, que dispone del control de su territorio, no pudiera detectar ni controlar la entrada masiva de personas. Aseguró que, con independencia de lo que sostenga el CNI, el Gobierno marroquí permitió una llegada que provocó muertes, sufrimiento y una fuerte tensión en la ciudad autónoma.

Por último, trasladó su solidaridad a El Hierro ante la presión migratoria que soporta la isla y reclamó al Ejecutivo que aporte los medios necesarios para atender la emergencia humanitaria, garantizar la seguridad y la asistencia sanitaria y descongestionar el territorio mediante el traslado de personas a otros puntos del Estado. Defendió que la gestión migratoria debe basarse en los derechos humanos y rechazó la demonización de quienes llegan a España.

2026-11-17T15:26:35+01:00
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