La Ley vasca de Educación recibe 35 aportaciones para “mejorarla”

El anteproyecto de la Ley vasca de Educación ha recibido finalmente 35 propuestas por parte de los agentes del sector y que el Gobierno Vasco analizará para “mejorar el texto inicial” y lograr una norma “sólida y eficaz”. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, aprovechó la sesión del Pleno de control celebrada en el Parlamento Vasco para desvelar este dato, después de que se haya cerrado la fase de consulta pública para recabar la opinión de las organizaciones más representativas afectadas.

La actitud de mano tendida y de defensa de los principios rectores del Pacto Educativo alcanzado con el 90% del arco parlamentario que tiñeron la intervención de Bildarratz coinciden en la misma semana en la que la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro ha convocado para el 5 de noviembre en Bilbao una manifestación a favor de la red pública bajo el lema Por la Escuela Pública Vasca ¡No a esta Ley de Educación!. Los convocantes consideran que el anteproyecto mantiene la dualidad –publica/concertada– del sistema educativo vasco, que “apuesta claramente” por privatizar los servicios públicos y supone un “retroceso” para la euskaldunización.

Esta nueva movilización viene avalada por decenas de organizaciones del sector de la enseñanza de las que muchas han presentado sus propias alegaciones al borrador de la ley. Entre los convocantes se encuentran las plataformas educativas de Gasteiz, Oion, Bilbo, Santurtzi, Oarsoaldea, Astigarraga, Amurrio, Donostialdea, Lasarte-Oria y Ordizia. Además, sindicatos como Steilas, LAB, CCOO, ESK y CNT han llamado a sumarse a la marcha, igual que la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige) y la asociación de directores de la pública (Heize). La lista de convocantes se cierra con las principales asociaciones estudiantiles como Ikasle Sindikatua, Ikasle Abertzaleak, Ikama, Ikasle Ekintza o Gazte Komunistak.

CUOTAS EN EL PUNTO DE MIRA

Más allá de este detalle del proceso aprobación de la ley, la sesión de control parlamentario se centró en uno de los aspectos más novedosos y controvertidos de la norma: la gratuidad de la enseñanza y la desaparición obligatoria de las cuotas en los centros concertados que se integren en el Servicio Público de Educación que reciben financiación pública. Unas cuotas alegales, cabe recordar, que se siguen cobrando y que se habrían incrementado un 60% desde 2020, según un reciente estudio elaborado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa). Este estudio, además, revela que la red concertada vasca es la más cara del Estado, tras Catalunya y Madrid, con una cuota media de 160 euros.

El consejero restó validez a estos datos e indicó que la gratuidad se ha recogido en artículo 34 del anteproyecto de ley para que “no haya ninguna duda”. En este sentido, la norma establece que “los centros financiados por dinero público no podrán cobrar ningún tipo de cantidad”. Además, precisó que habrá recursos para un control del régimen concertado “a fin de que no se den situaciones de financiación excesiva”. No obstante, Bildarratz reconoció que son conscientes de que se trata de un proceso “complejo”. Por ello, y de forma progresiva, dijo que se han desarrollado actuaciones para la adaptación a lo que la ley establecerá tras su aprobación dando pasos hacia ese “principio de gratuidad”. En este punto, Bildarratz recordó que el 19 de julio el Consejo de Gobierno aprobó la actualización de varios conceptos del módulo económico del concierto.