Actualizado hace 3 minutos
La Junta Electoral Central (JEC) ha ejecutado el requerimiento del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la 'ley de nietos' y ha pedido la información que le solicitó en una reunión en la que se ha acordado no recurrir el auto de medidas cautelares del alto tribunal.
Según han informado fuentes del órgano electoral, la decisión de no impugnar el auto del Supremo se ha adoptado por siete votos a seis y, aunque se han vertido críticas, se ha decidido cumplirlo en los estrictos términos de la parte dispositiva, en la que hace el requerimiento de información a la JEC.
En su acuerdo de este lunes, adoptado por la totalidad de sus miembros, la Junta ejecuta la petición del Supremo después de que el alto tribunal dejara en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la denominada 'ley de nietos'.
Ordena a la Oficina de Censo Electoral que desglose los expedientes de inscripción censal que procedan de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la ley de nietos, y de los aprobados al amparo de la interpretación de la instrucción posterior.
En la reunión se han analizado punto por punto cada apartado de la parte dispositiva del auto del Supremo, y se ha constatado que de la petición que se deriva la parte más complicada es dicho desglose por la ingente cantidad de asuntos a tratar.
La JEC señala además que procederá a estudiar, una vez ya recibidos, el informe complementario de la Oficina del Censo Electoral, así como la propuesta de instrucción dirigida por dicha Oficina a las Oficinas Consulares que fueron requeridos el pasado 16 de julio y que el Supremo le instó también a reclamar.
Dicho examen se producirá con "carácter inmediato" –el próximo jueves, según las citadas fuentes– para la adopción del acuerdo correspondiente.
Medida cautelar de Iustitia Europa y Vox
El Tribunal Supremo dejó en suspenso la pasada semana las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la 'ley de nietos', hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
Estimó así parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra el acuerdo de la JEC, del pasado 16 de julio, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
La 'ley de nietos' permite, en virtud de una disposición dentro de la Ley de Memoria Democrática dictada el 19 de octubre de 2022, a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Sin embargo, una semana después el Gobierno aprobó una instrucción que decía que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre 1936 y 1955.
Derogar las 'leyes sanchistas'
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que la Justicia "debiera aparentar al menos ser independiente" tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la 'ley de nietos'.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, que ha estado presidida por Pedro Sánchez, la portavoz del partido se ha referido a esta decisión y ha remarcado que el ponente del auto de la ley "dijo que prefería que fuera Feijóo el presidente y así empezar a derogar las leyes sanchistas".
"Esta es la primera, ¿cuál será la segunda, la reforma laboral?", ha planteado la socialista, quien ha defendido la independencia de la Justicia, pero ha apuntado a que no puede conllevar "inmunidad".