La guerra total con Sánchez deja a cero los pactos de Estado de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas del PP en abril envuelto en un aura de hombre de Estado. Se le presumía un estilo más alejado de la crispación que Pablo Casado y quizás más proclive a los llamados pactos de Estado con el Gobierno español de Pedro Sánchez. La razón radicaba en que Feijóo venía de encadenar cuatro mayorías absolutas en Galicia, lo que le hacía parecer un líder más autónomo de Vox, que no se dejaría condicionar por los discursos de la ultraderecha, y que podría tutearse con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y mantener su autoridad como presidente ante ella y el ala dura. Sin embargo, la ruptura del diálogo con Sánchez para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre informaciones que apuntan a las presiones de la propia Ayuso, no solo amenaza con mermar su capacidad de liderazgo como líder del PP, sino que pone en evidencia que no se han llegado a plasmar de ninguna manera esos pactos de Estado que parecía llamado a facilitar.

Feijóo se ha limitado a realizar concesiones muy puntuales y tasadas en asuntos clave para el bipartidismo, como la seguridad del Estado, sumando fuerzas con el PSOE para tumbar las enmiendas a la totalidad contra la Ley de Seguridad Nacional por invasión de competencias autonómicas; decidió abstenerse en la Ley Audiovisual y también en la prórroga de las medidas anticrisis por la guerra en Ucrania frente al voto en contra de abril; y unos días antes de acceder oficialmente al liderazgo del PP, en la Conferencia de Presidentes de La Palma, se avino a propiciar una declaración conjunta con compromisos etéreos sobre la fiscalidad.

Pero todas las miradas estaban puestas en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La prueba del algodón. Las negociaciones se retomaron tras un movimiento que ni siquiera fue a iniciativa del PP, sino que lo desencadenó la dimisión de Lesmes al frente del CGPJ y la inmediata llamada de Sánchez a Feijóo. Cuando todo parecía cerrado, el líder del PP se descolgó con el argumento de que el Gobierno español va a impulsar una rebaja de las condenas por sedición, un asunto que formaba parte del plan legislativo de La Moncloa, aunque es cierto que Sánchez lo ha enterrado y desenterrado a placer y hace unos meses parecía aparcado. En cualquier caso, el propio PP había descartado unas horas antes que fuera a condicionar las negociaciones a que esa ley no viera la luz.

Pero Feijóo se ha visto sometido a presiones muy fuertes tanto por parte de Ayuso, como de los editoriales de medios de comunicación próximos a la derecha. Todo ello, en un clima preelectoral en puertas de los comicios municipales y en varias comunidades. También se han escuchado críticas de los miembros de las asociaciones conservadoras de la judicatura, que descalifican la posibilidad de ese cambio normativo, pese a que es competencia del Congreso y, por tanto, del poder legislativo y no del judicial. No se suele aceptar con mucha deportividad que suceda a la inversa y los políticos critiquen sentencias. Como colofón, Feijóo dice ahora que los pactos de Estado tendrán que esperar a que haya “otro PSOE”.

En plena polémica, el expresident Carles Puigdemont irrumpió ayer domingo con un escrito donde desprecia la posibilidad de que se rebajen las penas por sedición como solución para él. Pero finalmente ha dado munición al PP al asegurar que “gente del PSOE” lo ha llamado para generarle expectativas y que lo intentan seducir, según dice, ofreciéndole un buen trato siempre y cuando comparezca en el Supremo. La noticia saltó a las cabeceras de los medios próximos al PP, necesitado de algún enganche y de proyectar la idea de que tenía razón cuando hablaba de la manipulación de la justicia. Pero Puigdemont no dice que el PSOE pretenda influir en los jueces a la hora de dictar sentencia, sino que quizás podría ser indultado o beneficiarse de la reforma de la sedición.

“No hay excusas”

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, acusó ayer domingo al PP de “insumisión constitucional” y opinó que Feijóo queda cuestionado para dirigir su partido y ser candidato a presidir el Estado. Según defendió en unas declaraciones difundidas por los socialistas, la renovación del CGPJ “no es una decisión, es una obligación; no hay excusas”.