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Política

La gracia de Sánchez no llega a todos los encausados

Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín siguen teniendo pendientes euroórdenes.
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín siguen teniendo pendientes euroórdenes.

Los indultos aprobados este martes en el Consejo de Ministros se antojan una salida efectiva para destensar el conflicto político en Catalunya y, sobre todo, para aliviar la situación de los nueve encarcelados por el 1-O, que llevan en prisión más de tres años y medio. Sin embargo, la concesión de la medida de gracia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no resuelve otra gran parte del embrollo del procés, la relativa a los independentistas que optaron por refugiarse en el extranjero en busca de un juicio justo -sobre quienes pesan peticiones de extradición- y a quienes siguen teniendo causas menores pendientes con la Justicia española, que el soberanismo catalán cifra en 3.000 personas.

De esta manera, el paraguas del indulto no da cobijo a todos, y a la mayoría de independentistas que tienen cuentas a resolver con la Justicia no parece que vaya a serles de utilidad para resolver sus respectivas situaciones legales. Entre ellos, están nombres muy significativos como el del expresident Carles Puigdemont, los exconsellers Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín, o la dirigente de ERC Marta Rovira.

Respecto al caso de Puigdemont y los exconsellers que se trasladaron a Bruselas en otoño de 2017 para evitar su encarcelamiento en el Estado español, siguen teniendo muy complicada su situación en el caso de que quisieran regresar a Catalunya ya que, a pesar de los indultos, serían juzgados en el Tribunal Supremo, expuestos a penas de prisión.

En esta tesitura, todos los sectores del independentismo apuestan por una amnistía que sí serviría como solución integral a los problemas judiciales de quienes fueron represaliados por el procés. Sin embargo, ante las nulas opciones de materializarse esta vía a día de hoy, es la reforma del delito de sedición la que podría facilitar las cosas para que, por ejemplo, Carles Puigdemont pueda regresar a Catalunya en un futuro no muy lejano.

Por ahora, poco se conoce sobre la reforma de la sedición que, en cualquier caso, podría moverse entre la derogación que reclama Unidas Podemos o la rebaja de las penas por este delito que quiere impulsar la parte socialista del Gobierno español. Pero, aunque la sedición fuera suprimida o su tipo penal atenuado, el expresident de la Generalitat y el exconseller Comín se arriesgarían a ser condenados por malversación de caudales públicos, delito castigado con entre dos y seis años de cárcel, en el caso de que pisaran territorio del Estado español.

El caso de Serret

Caso distinto es el de la consellera Meritxell Serret, que regresó el pasado mes de marzo a Catalunya tras más de tres años en Bélgica, y está ahora a la espera de ser juzgada en el Supremo por los delitos de malversación y desobediencia, pero con unas perspectivas menos gravosas, puesto que -como Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs- su departamento no se encargó de la organización de la consulta del 1-O.

Así, hay diversas casuísticas entre quienes optaron en 2017 por refugiarse en otros países europeos. La exconsellera y ahora eurodiputada Clara Ponsatí solo está procesada por sedición, mientras que el exconseller Lluís Puig tenía pendientes causas por desobediencia y malversación. En este caso, la Justicia belga ya falló en favor de Puig y descaró entregarlo a España en ningún caso. Por último, en Suiza se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira; que fue procesada por rebelión pero contra quien ahora no pesa euroorden alguna.

23/06/2021
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