La Fiscalía Superior de Cataluña ha rechazado que el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, cometiera los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa en su respuesta tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a garantizar un 25% de castellano en la escuela catalana.
Así lo expone el fiscal superior, Francisco Bañeres, en su decreto de archivo de la denuncia presentada por Cs, y el fiscal Pedro Ariche en dos informes enviados al TSJC en los que interesa la inadmisión a trámite de la denuncia de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, y de la querella de Vox.
En los tres escritos, el Ministerio Público asegura que las actuaciones del conseller "no revisten los caracteres propios de ilícito de naturaleza penal".
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