La factura energética de los vulnerables será este año 550 euros más cara que en 2020

La factura energética de los hogares del Estado más vulnerables se encarecerá este año más de un 70 % -unos 550 euros- con respecto a 2020, ejercicio marcado por la pandemia del coronavirus, como consecuencia del contexto actual a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Precisamente los hogares con bajos ingresos gastan en su factura energética una parte proporcionalmente mayor de sus ingresos que los más ricos, según el último estudio de Cambridge Econometrics conocido este miércoles, que concluye que los combustibles fósiles están contribuyendo "de forma desmesurada" a los picos de inflación.

El informe advierte de que la proporción del gasto en energía respecto al gasto total de los hogares ha aumentado considerablemente en los últimos dos años.

Las rentas bajas dedicarán el 8,8 % de sus ingresos anuales a la energía

Así, un hogar medio perteneciente al 20 % de la población con los ingresos más bajos dedicará en 2022 el 8,8 % de su gasto total a la energía, mientras que en 2020 ese porcentaje se limitó al 5,6 %.

En otras palabras, un hogar con dichas características gasta ahora alrededor de un 72 % más en energía que hace dos años, lo que en la práctica supone unos 550 euros más.

En el extremo opuesto, aquellos pertenecientes al 20 % de la población con los ingresos más altos destinará este ejercicio algo más del 5 % de su gasto total a la energía, unos niveles que en 2020 estaban en el 3,34 %.

Para la presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Ana Etchenique, el estudio "deja claro que la crisis de precios actual no es más que la guinda del pastel de un sistema que lleva años entorpeciendo el acceso a un suministro energético asequible para las personas consumidoras españolas".

Las renovables, clave en las políticas energéticas del futuro

Los expertos de Cambridge Econometrics avisan: en el último año, la volatilidad y el precio medio de la energía se han acelerado de forma "dramática".

Desde enero de 2020, los precios han aumentado más que en cualquier otro periodo de los últimos 25 años.

En el caso de la electricidad en el Estado, muestra el estudio, éstos han subido más del 100 %, mientras que los combustibles fósiles también se han encarecido considerablemente con el diésel a la cabeza (un 30 %), seguido del gas (un 27 %).

El documento atribuye esta evolución al aumento en la demanda global después del final de los confinamientos por la covid, al debilitamiento del euro frente al dólar y, lo más importante, a la reducción del suministro de gas natural tras la invasión rusa de Ucrania el pasado febrero.

Teniendo en cuenta esta volatilidad "histórica" de los precios mundiales de los combustibles fósiles y su impacto en las economías, la opción política correcta parece ser una mayor expansión de las energías renovables.

El informe insiste en que impulsar la cuota de renovables aumenta la independencia energética, reduce la exposición de los consumidores nacionales a los precios del mercado mundial y tiene el potencial de abaratar la electricidad a largo plazo.

"La crisis energética ha puesto de manifiesto las implicaciones de que los mercados europeos sigan ligados a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, a pesar del creciente porcentaje de energías renovables en el 'mix'", añade el autor del trabajo, Carl Heinemann.

Desde su punto de vista, un incremento de la cuota de energías renovables, el transporte electrificado y la calefacción eficiente en España "podría tener un efecto desinflacionista y mejorar la estabilidad de los costes diarios de los hogares y las empresas".

El tope de gas ha controlado los precios

El estudio recoge, asimismo, la batería de medidas adoptadas por el Gobierno español para hacer frente a la situación, y subraya que el tope al precio del gas destinado a la generación eléctrica ha reducido y estabilizado significativamente los registros en el mercado mayorista de la electricidad en comparación con sus vecinos.

Eso sí, la medida tiene un alto coste, y añade que, a largo plazo, estas intervenciones de emergencia podría evitarse invirtiendo en el almacenamiento en baterías y en energía hidroeléctrica de bombeo para reemplazar el gas en los picos de demanda de electricidad.