La Eurocámara aprueba la salida coordinada de la UE de la Carta de la Energía

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la retirada de la UE del Tratado de la Carta de la Energía, establecido en 1994 para regular el comercio y la inversión en el sector energético, siguiendo la recomendación de las comisiones de Industria, Investigación, Energía y Comercio Internacional del Parlamento Europeo.

Los eurodiputados han adoptado esta recomendación por 594 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones, lo que ahora permitirá que el Consejo pueda adoptar la decisión en una votación por mayoría cualificada.

Concentración para denunciar la pasividad en la lucha contra el cambio climático. EP

Incompatible

La Comisión Europea también propuso la salida coordinada de la UE del Tratado de la Carta de la Energía en julio de 2023 ante la falta de una mayoría cualificada entre los Veintisiete para aprobar el texto modernizado y después de que Alemania, España, Francia y Países Bajos se abstuviesen en la votación para dar un mandato a Bruselas.

El Ejecutivo comunitario constató, asimismo, que el Tratado ya no es compatible con los objetivos climáticos de la UE en virtud del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, principalmente debido a las preocupaciones sobre las continuas inversiones en combustibles fósiles.

La retirada del Tratado de la Carta de la Energía como única solución posible es la solución que España defiende desde febrero de 2021, cuando, tras constatar la escasa ambición de las negociaciones, remitió la primera carta a Bruselas alertando de la situación.

Junto a España anunciaron también su retirada Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo, --Italia ya lo abandonó en 2016-- mientras que el Parlamento Europeo solicitó también una salida coordinada del Tratado, al considerar que este daba mayor poder a los inversores energéticos privados para litigar contra los Estados miembro.

No obstante, los Estados miembro de la UE seguirán sujetos sin cambios a las condiciones de arbitraje que prevé el acuerdo internacional durante otros 20 años pese a romper con él.