La edad de las víctimas centra la disputa en el juicio de los abusos sexuales en Álava

Primera semana del juicio en la Audiencia Provincial de Álava que dirime el caso de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía y delitos contra la salud pública a adolescentes, alguno de los cuales estaban tutelados por la Diputación de Álava en el centro Sansoheta. A falta de la quinta y última sesión del próximo lunes, el proceso está totalmente marcado por la edad de las víctimas que se prostituyeron a cambio de dinero en 2016, cuando tenían entre 14 y 17 años. El caballo de batalla entre acusación y defensa se centra en demostrar por parte de los primeros que los seis inculpados eran totalmente conscientes y sabedores de su minoría de edad; mientras que los alegatos de los abogados caminan en el sentido contrario, que sus clientes desconocían que eran menores. Aparte de esta cuestión sobre la que el tribunal decidirá el 3 de octubre, esta primera semana nos ha dejado el acuerdo entre los otros cuatro imputados con Fiscalía y el resto de acusaciones por el cual reconocieron los hechos, pidieron disculpas a las víctimas, sus familias y sociedad, se comprometieron a “no recaer” y abonaron cantidades simbólicas de hasta 2.000 euros. Un pacto que redujo sus condenas a penas de prisión de entre 1 a 13 años. El resto de los acusados se enfrenta a sanciones que oscilan entre los 3 y 29 años de cárcel que, en el total, superan los 200 años de prisión, tras endurecer el Ministerio Fiscal su solicitud inicial.

Testimonios policiales

La cuarta jornada del denominado como caso Sansoheta volvió ayer a abrir las puertas de la sala al público con los testimonios de la Ertzaintza, encargada de la investigación. Los nueve agentes que testificaron aportaron pruebas de los registros efectuados en los teléfonos móviles de los detenidos y los propios menores. Las comprobaciones testificales se concentraron en la relación que mantenían los acusados con las víctimas mediante los mensajes, mails, chats y fotografías que tenían guardados en sus terminales móviles. En sus declaraciones, los policías expusieron varias conversaciones entre los inculpados y los jóvenes en las que establecían las prácticas sexuales a llevar cabo (algunas “poco ortodoxas”), el precio que debían pagar por ellas, envío de fotografías íntimas o el lugar en el que se iban a encontrar: habitaciones de hostales, pisos particulares, vehículos y parkings.

Además de exponer las conversaciones entre unos y otros, las preguntas de la fiscal jefe de Álava, Carmen Cotelo, estuvieron encaminadas a intentar probar que los acusados mantenían relaciones fluidas con los adolescentes, y, sobre todo, que conocían la minoría de edad de los prostituidos. Varios guardias confirmaron este punto, ya que, en algunos de los casos, fue el propio menor el que declaraba su edad por mensaje a su cliente. “Tengo 17 años” o “estoy en el cole”, relataron los agentes, e incluso, en otro de los lances, fue el propio acusado quien demandó por mensaje “algún otro amigo de tu edad para hacer un trío”. Un “matiz”, el de la edad, que Cotelo quiso remarcar ante la sala. Según la opinión de la Ertzaintza, en la mayoría de los casos, el aspecto físico de los chavales era claramente de “adolescentes” al tener “caras de niños”, a excepción de uno que por su aspecto físico podía “estar en el límite” de la mayoría de edad. Más contundente se mostró la agente policial encargada de realizar el informe final que recoge las conclusiones de las investigaciones de todos sus compañeros junto con las declaraciones de los menores, los acusados y el estudio de evidencias. Esta policía fue más allá al asegurar que uno de los menores prostituido con varios de los imputados era claramente un menor. “Metro sesenta, con cara de niño, sin bello en la cara, regordete y sin haber desarrollado sus facciones”, describió. “Vamos un menor”, aseguró con total rotundidad.

La defensa, por su parte, trató de desacreditar la autoría de algunos de los mensajes y mails para intentar demostrar que no habían sido escritos por sus defendidos y limitar así el número de contactos con los adolescentes que les imputa la acusación. Los abogados basaron sus interrogatorios en hacer hincapié en que los jóvenes “anunciaban sus servicios sexuales como mayores de edad” y en una página de citas destinada “exclusivamente a adultos”. Un aspecto que corroboró la Ertzaintza. Un agente de la policía autonómica vasca confirmó “la relación de amistad” entre uno de los procesados y un menor, del que otro investigador aseguró que se prostituía “de forma voluntaria”.

Este lunes está previsto que finalice este delicado e importante juicio con la quinta y última sesión en la que se presentarán las pruebas periciales y los informes finales de las partes personadas. El tribunal, compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Francisco García Romo y Elena Cabero, deberá entonces emitir su veredicto final.