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La Diputación Foral de Álava ha tomado una decisión drástica y contundente en relación con los polémicos campamentos de Bernedo. La institución no solo ha prohibido de forma tajante la celebración de estas colonias, sino que ha ejecutado una inhabilitación de tres años para la entidad que los gestionaba, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. Esta medida supone un cierre administrativo en firme tras meses de investigación sobre el funcionamiento de unos 'udalekus' que se encuentran en el centro de un grave proceso judicial por presuntos abusos sexuales a menores.
La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, compareció este viernes ante las Juntas Generales de Álava para desgranar las conclusiones de un expediente administrativo que se inició el pasado mes de noviembre. La resolución es clara: se imponen sanciones de máxima gravedad ante lo que se ha considerado un incumplimiento flagrante de la normativa vigente en materia de tiempo libre juvenil.
Sanción económica y administrativa
La resolución del expediente administrativo conlleva tres consecuencias directas para Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. En primer lugar, la asociación deberá abonar una multa de 9.000 euros. En segundo lugar, se le prohíbe la organización y realización de cualquier actividad de tiempo libre dirigida a niños, niñas y jóvenes durante un periodo de tres años. Por último, la entidad no podrá acceder a ningún tipo de ayuda pública del Territorio Histórico de Álava durante ese mismo intervalo de tiempo.
Esta decisión se sustenta en la comisión de dos faltas administrativas graves. Según detalló la diputada foral, la organización no comunicó a la Diputación la existencia de estos campamentos y, posteriormente, no facilitó la información requerida sobre los mismos. Estos hechos impidieron que la institución foral ejerciera su labor de supervisión y control sobre una actividad que, por ley, debe ser comunicada previamente para garantizar la seguridad de los participantes.
Intento de burlar la prohibición este verano
Uno de los puntos más relevantes de la comparecencia de Ana del Val fue la revelación de que se ha intentado mantener la actividad de los campamentos este verano bajo un nombre diferente. La asociación Dorrekoa Kultur Elkartea presentó una solicitud para realizar los 'udalekus' en Bernedo, pero la Diputación ha bloqueado esta posibilidad al considerarla una entidad instrumental.
Tras los indicios recabados por el Instituto Foral de la Juventud, se ha determinado que esta nueva asociación no actúa de forma independiente, sino que está estrechamente vinculada a la entidad sancionada. Para la Diputación, este movimiento constituye un "supuesto defraude de ley" cuyo único objetivo era eludir la inhabilitación vigente de Sarrea Euskal Udalekua. En aplicación de la ley de procedimiento administrativo, se ha declarado la ineficacia de la comunicación, impidiendo así que cualquier campamento vinculado a esta trama se lleve a cabo en el municipio alavés.
Trasfondo judicial: 21 familias personadas
Aunque las sanciones anunciadas este viernes son de carácter administrativo, el origen de la intervención foral reside en las graves denuncias presentadas ante los tribunales. Hasta la fecha, 21 familias han denunciado actos contra la libertad sexual cometidos presuntamente contra menores en el recinto de Bernedo.
Los relatos de los afectados, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz, describen situaciones de exhibicionismo, vejaciones, coacciones y agresión sexual. Entre los testimonios recabados, destaca la denuncia de que chicos y chicas eran supuestamente obligados a compartir duchas en presencia de los monitores, una práctica que contraviene cualquier protocolo de protección al menor.
Compromiso con la protección de menores
La Diputación de Álava ha querido dejar claro que su prioridad absoluta es la protección de los menores y el cumplimiento estricto de la legalidad. Por ello, una vez concluido el expediente administrativo, el Instituto Foral de la Juventud se ha personado en las diligencias previas que se siguen en el juzgado.
Con la prohibición total de la actividad y la vigilancia sobre posibles entidades pantalla, la institución foral busca garantizar que los hechos ocurridos en Bernedo no se repitan y que las entidades responsables asuman las consecuencias de su opacidad administrativa y de los riesgos a los que expusieron a los jóvenes participantes.