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Política

La comisión de abusos policiales reconoce a 35 víctimas y denuncia trabas a su labor

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; la directora Hernando y el viceconsejero Ranz
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; la directora Hernando y el viceconsejero Ranz

"Ataron al detenido a una litera y fue golpeado con una especie de fusta o látigo que los propios guardias civiles denominaban picha de toro, hasta que ambas plantas de los pies terminaron completamente moradas; le introdujeron la cabeza en el váter, tirando de la bomba; le colocaron una almohada en la cara y le pisaban hasta hacerle sangrar de la nariz; le quemaron la oreja con una cerilla, y recuerda la presencia de un perro grande que, en palabras de la víctima, me daba más miedo que ellos todavía". "Estaba agotada, llevaba sin dormir ni comer tres días, me condujeron a un cuarto donde me hicieron desnudarme completamente, y empezaron a tocarme los pechos". "Se la llevaron detenida a ella al no encontrarse su hermana en casa, a modo de señuelo". Son algunos de los crudos testimonios recogidos por la comisión de valoración de expertos que pretende sacar estas graves vulneraciones de derechos humanos del oscuro pozo del olvido y la impunidad.

En un proceso que sigue abierto, esta comisión ha resuelto hasta la fecha de manera favorable los expedientes sobre 35 víctimas en el marco de la ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999. Se celebrará un primer acto este sábado en el Palacio Euskalduna de Bilbao para que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, entregue los dictámenes de reconocimiento de 28 casos (otros siete quieren preservar su anonimato). La inmensa mayoría se centran en vivencias durante el franquismo y la Transición. Los trabajos se recogen en el informe anual presentado hoy por la presidenta del grupo, Juana Balmaseda, y su portavoz, Jon Mirena Landa, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, y han desembocado por el momento en 55 expedientes, de los cuales 47 son ya informes periciales, y 35 tienen una resolución favorable.

En el balance se detalla que la mayor parte de los casos fueron de torturas (36 de los 55), y se alerta de que fueron "graves" y se produjeron siguiendo un procedimiento, un "cierto patrón de actuación" con la bolsa, golpes, privación sistemática del sueño, amenazas sobre los familiares... Se pone sobre la mesa, además, una campaña de especial saña en la Bizkaia rural, con detenciones indiscriminadas y una veintena de personas trasladadas de madrugada en un autobús hacia el cuartel de Bermeo.

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IMPUNIDAD

Todo ello, en un clima de absoluta impunidad en el momento de los hechos, donde la investigación de las torturas fue "ausente o radicalmente ineficaz", y la judicatura y la Fiscalía tuvieron una actitud de complicidad con la Guardia Civil y la Policía. Una víctima lo relata: "Me hicieron literalmente de todo. Salí muy deteriorado, tanto que hasta el juez me preguntó: ¿Qué te han hecho, chaval? Pero me mandó a prisión sin investigar nada".

Las dificultades, incluso, perduran hoy para esta comisión, que ha pedido datos a juzgados, instancias militares y hospitales, y ha encontrado mayoritariamente una actitud "colaborativa" en las instituciones al requerirles información, pero no siempre. "Si no hay mayor celeridad y celo en posibilitar el acceso a determinada documentación, el trabajo puede verse perjudicado seriamente. Por ello, hacemos una llamada a la colaboración", alertan en su informe, con el respaldo del Gobierno vasco.

Este proceso ha desembocado en 1.017 solicitudes ciudadanas y ha dado lugar a la apertura de 55 expedientes. La mayoría de los casos se refieren al franquismo y la Transición, ya que abarcan hasta 1978, y son los rezagados del decreto que cubría el periodo anterior, desde 1960 hasta 1978. Cinco expedientes son de 1985, un año que coincide con la muerte de Mikel Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo cuando fue detenido con otras tres personas, y donde el Estado ha rechazado en público desclasificar la información por propia iniciativa. Los casos más antiguos son de 1967.

El estudio relata también las secuelas físicas y psicológicas, aunque el recuento no se hace sobre los 55 expedientes, sino sobre los 47 informes periciales. Se describieron secuelas en 17 casos; la mayoría, en nueve ocasiones, con estrés postraumático.

SIN MILITANCIA POLÍTICA

La mayor parte de los 55 expedientes aluden a casos de tortura (36), además de once fallecimientos, dos lesiones por bala, una por pelota de goma, y cinco casos englobados como "otras lesiones". El informe no facilita nombres y apellidos para preservar la confidencialidad, pero sí apunta una casuística que desmonta muchos prejuicios: de los 55 casos, solo 12 guardan relación con ETA y, de hecho, 26 ni siquiera tenían afiliación política conocida y cuatro pertenecían a movimientos obreros cristianos y de ámbito parroquial. En el resto, destaca la pluralidad ideológica: hay una víctima de Comisiones Obreras, otra del PNV, otra de ELA, y también una del Partido Comunista, entre otras.

Los autores de los abusos no se detenían ante la vulnerabilidad de algunos colectivos: siete víctimas eran menores de edad. La inmensa mayoría, un total de 48, no tenía más de 34 años. Además de las muertes en controles policiales, se relatan las heridas de bala en casos de muy corta edad. Un joven de 16 años fue alcanzado por un proyectil de goma de las Fuerzas del Orden Público en el puente del Arenal en Bilbao, cuando volvía de visitar a un familiar en la clínica, y perdió el ojo. Otro joven que lanzaba folletos comunistas en 1975 fue herido por un disparo en la pelvis.

Por sexo, del total de 55, 12 eran mujeres. La principal causante de las vulneraciones fue la Guardia Civil (33), seguida por la Policía Armada-Nacional (16), los dos cuerpos (4), un grupo incontrolado (1) y una autoría sin precisar (1). Este informe pone sobre la mesa una campaña de terror que se cebó en Busturialdea con detenciones indiscriminadas, y también la obsesión con ciertas personas arrestadas hasta diez veces.

HUMILLACIÓN A LAS MUJERES

Por otro lado, se hace eco de la situación de las mujeres, sometidas a una "humillación" adicional y a riesgos añadidos: la desnudez sin motivos y prolongada, amenazas y gestos de violación, privación de higiene menstrual... "En mis dos detenciones se repitieron insultos y amenazas machistas: Eres una puta terrorista que te has metido a ETA para follar. Me abren los pantalones y me dicen que me van a violar y me van a hacer un hijo policía", señala uno de los testimonios.

EXIGEN RECONOCER A LAS VÍCTIMAS

La comisión de expertos defiende que ha realizado un trabajo minucioso, con rigor y desde múltiples disciplinas para tomar decisiones sólidas (forman parte de ella el reputado forense Paco Etxeberria, y también expertos juristas o historiadores, entre otros). Se han registrado 41 testimonios audiovisuales entre junio de 2020 y junio de 2021. A pesar de su experiencia, la comisión se declara "sorprendida y abrumada" por lo "doloroso de los casos y la actualidad de ese dolor en las víctimas y sus familiares". "Debería hacer tomar conciencia de que no es un tema del pasado", dicen.

Y critican las actitudes obstruccionistas que han tratado de poner palos en las ruedas a este reconocimiento, en primer lugar con recursos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y ahora, con una colaboración no demasiado intensa por parte de algunas instancias para esclarecer los casos.

Relata que se han realizado trámites como la solicitud del historial clínico en los hospitales de la Paz de Madrid, Cruces de Barakaldo y San Juan de Dios de Arrasate; se ha pedido algún expediente a la jurisdicción militar al archivo número cuatro de Madrid; se han pedido expedientes judiciales en juzgados de la capital estatal e informes de autopsia a los institutos de medicina legal tanto de Euskadi como de Madrid, y también se han reclamado datos al cementerio de la Almudena, además de un expediente al Defensor del Pueblo.

"En la mayor parte de los casos, la actitud de las instituciones ha sido colaborativa, si bien no siempre ha resultado posible obtener la información solicitada. Desconocemos si ello se debe a que han transcurrido muchos años y no quedan registros de lo solicitado, o se debe a algún otro motivo pues, en ocasiones, más allá de la actitud positiva de recepción de la solicitud, no existe una fluidez en la respuesta de los motivos para la ausencia de resultados", explican. Por ello, hacen una llamada a la colaboración porque son violaciones de derechos que afectan "a la vida y a la integridad" de la persona.

CRÍTICA A QUIENES SE OPONEN A LA LEY

La comisión también denuncia la actitud de "quienes constantemente se oponen a esta ley, a estas víctimas, a su reconocimiento y a la verdad". Alerta de que esa actitud es "inadmisible" y "no se puede normalizar ni asumir un estado de impugnación permanente de esta ley, ni un cuestionamiento de las víctimas que reconoce", ni tampoco que "se busque retrasar de forma sistemática la actividad de esta comisión, pues corroboramos que estos contratiempos han supuesto, sin duda, una dificultad añadida".

El informe pone en valor que las víctimas coinciden en querer sacar a la luz lo sucedido porque en su momento no fueron escuchadas. Culmina con algunas recomendaciones como celebrar un acto anual de reconocimiento, tomar medidas para que no se repita lo ocurrido, difundir estos informes, una dotación económica para esta ley, y extender su aplicación por un espacio de tiempo más dilatado y abarcando más vulneraciones. Alertan también de que el cierre de plazo para registrar solicitudes acaba en diciembre de este año.

24/06/2021
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