La Audiencia Nacional respalda a la jueza Tardón frente a Marlaska: "No ha interferido en la seguridad nacional"

Actualizado hace 9 minutos

La Audiencia Nacional (AN) ha respaldado la actuación de la jueza María Tardón en las diligencias que abrió sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, señalando que "no ha interferido en la seguridad nacional", algo que le reprochó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En un escrito de este viernes, la Sala de Gobierno de la AN expresa su "absoluto respaldo a la actuación de la magistrada de instrucción".

"No ha interferido en la seguridad nacional"

"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", recalca.

Además, la Sala de Gobierno agradece la respuesta de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a una carta que le envió Marlaska mostrando "preocupación" por la decisión de la jueza de prohibir al equipo investigador de la Policía Nacional que realizó un informe sobre lo acontecido en Ceuta dar cuenta a sus superiores de las pesquisas. La AN aplaude que Perelló saliera "en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".

Entrega del informe

La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado a la jueza Tardón el informe sobre si recibieron "alguna información en los días previos que hubiese podido alertar" de la entrada irregular masiva en Ceuta de miles de personas que cruzaron desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La Guardia Civil ha dado respuesta a las cuestiones concretas que realizó la jueza el pasado 5 de agosto sobre si los agentes desplegados en Ceuta recibieron aviso previo de la avalancha, entre otros asuntos relativos a datos de efectivos, de salvamento o de fallecidos, según han confirmado fuentes del caso.

En su providencia, la magistrada solicitaba a la Jefatura de Información del Instituto Armado que informara sobre el "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales "conocidas".

En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quería saber si constaba "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclamaba conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar.

La jueza Tardón, en funciones de guardias cuando ocurrió la crisis de Ceuta a finales de julio, también reclamó un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que fue elaborado y enviado a la magistrada por parte del Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF). En concreto, quería saber si fue "una acción concertada" e impulsada por "un grupo criminal".

El informe del CENIF, de 55 páginas, apunta a la participación de gendarmes marroquíes en el "guiado" y planificación de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma. El Gobierno, no obstante, mantiene que no hay pruebas concluyentes sobre la autoría intelectual ni la implicación de ningún gobierno o servicio de inteligencia.

El hecho de que el CENIF elevara el informe directamente a la jueza de la Audiencia Nacional causó malestar en el Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y envió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, mostrando su "preocupación".

Tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaron que el desconocimiento por parte de la cadena de mando del informe del CENIF podía tener una afectación en la seguridad nacional, pero la presidenta del CGPJ respaldó la actuación de la magistrada María Tardón y reclamó "máximo respeto" a la independencia judicial.

La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras "que pudieran ser identificadas", por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Se espera que la jueza remita a la Fiscalía el informe para que se pronuncie --aunque su opinión no es vinculante-- sobre si considera que la Audiencia Nacional es competente y, a partir de ahí, decidirá si continúa con la investigación de los hechos denunciados.