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Política

La Audiencia Nacional acorrala a la cúpula de ETA al reabrir hasta siete casos

Admite las querellas sobre la comisaría de Ondarroa o el atentado de la T4
El exjefe militar de ETA, Mikel Garikoitz Azpiazu Rubina, alias ‘Txeroki’.
El exjefe militar de ETA, Mikel Garikoitz Azpiazu Rubina, alias ‘Txeroki’.

La Audiencia Nacional (AN) ha reabierto en los últimos meses hasta siete causas, entre ellas las relativas al secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco o el atentado en la T4, para investigar la implicación que tuvieron los comités ejecutivos de ETA en los mismos, en el marco de una ofensiva judicial lanzada por las víctimas que busca agotar la responsabilidad penal por estos crímenes más allá de sus autores materiales. De esta forma se estrecha el cerco a la cúpula mediante una vía inexplorada hasta ahora: la vía mediata por dominio.

Esta misma semana el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascal, ha admitido a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia (DyJ) contra cuatro exjefes de ETA por el ataque perpetrado el 21 de septiembre de 2008 contra una comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa con un coche bomba. En concreto, ha accedido a investigar por estos hechos a los antiguos dirigentes etarras Garikoitz Azpiazu Rubina, alias Txeroki; Mikel Carrera, Ata; y Ainhoa Ozaeta, Kuraia. Por este ataque terrorista ya fueron condenados como ejecutores directos Asier Badiola e Ibon Iparraguirre.

También ha desempolvado otras tres causas. A finales del año pasado, acordó reabrir las pesquisas por el atentado llevado a cabo el 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas, que costó la vida a dos personas y provocó 41 heridos. Las investigaciones se dirigieron inicialmente contra Txeroki y Joseba Aranibar, pero después se ampliaron a José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, Ata, Gurbitz y Kuraia, a los que apuntaba la asociación de víctimas del terrorismo en su querella. La AN ya condenó como autores materiales a Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián Gaztelumendi.

Ese mismo juzgado también tiene entre manos la investigación por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez, ocurrido el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. Las pesquisas se retomaron en 2015, cuando los hechos estaban cerca de prescribir, a instancias de una querella presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del político asesinado y actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se identificara y juzgara a los cerebros de este crimen.

Vía inexplorada

Las querellas apuestan por una vía inexplorada: la autoría mediata por dominio, donde la responsabilidad penal se deriva de un control absoluto de la organización terrorista que hace imposible que nada ocurra sin su conocimiento; en combinación con la comisión por omisión, es decir, la culpa por no haber impedido lo que se podía haber evitado.

2022-07-19T05:45:02+02:00
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