Hondarribia expone la nueva ordenanza municipal de regulación de viviendas protegidas

Actualizado hace 9 minutos

El Ayuntamiento de Hondarribia ha abierto el periodo de alegaciones para la nueva Ordenanza municipal con la que buscan regular el parque de viviendas protegidas y los alojamientos dotacionales de la localidad.

El Consistorio ha dado a conocer su propuesta, en la que muestra los problemas que buscan solucionar con esta normativa, las necesidades para su aprobación y los objetivos que se buscan con su implantación. “Un instrumento adecuado y necesario para atender la emergencia habitacional en Hondarribia”, señala el documento. El periodo de alegaciones estará abierto hasta el 16 de noviembre.

“Sobrecarga económica”

Según el diagnóstico, el actual mercado residencial “provoca la expulsión de población joven y de unidades convivenciales con ingresos medios y bajos”, por la “sobrecarga económica de los hogares para sostener una renta o una hipoteca”, o mantenerse en la misma por distintas situaciones como la edad, tener una discapacidad, la monomarentalidad o situaciones de vulnerabilidad sobrevenida.

Por ello, señalan que una intervención directa del Consistorio “es una exigencia de garantía material del derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada”, y que “en base a la experiencia, sería beneficiosa”. Desde el Ayuntamiento entienden que sus funciones no deberían “agotarse en la mera ordenación del suelo ni en la aprobación de instrumentos urbanísticos de carácter estructural”.

Norma que elimine “vacíos regulatorios”

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Hondarribia espera aprobar durante este mismo año el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, “que tendrá como consecuencia la construcción de un número significativo de VPP”. Debido a esto, la regulación necesitaría una “precisión normativa” que, estiman, debe partir de esta nueva norma local que pretende aplicar el Consistorio, sin “vacíos regulatorios” y con “reglas comunes de acceso y permanencia”.

Además, esta norma busca establecer “de forma previa y transparente” el proceso de adjudicación de las viviendas. Entre estos criterios para priorizar habría que tener en cuenta apartados como los requisitos de empadronamiento, los ingresos económicos, o distintos supuestos para seguir teniendo derecho a una de estas casas de dominio público.

Precios y emancipación juvenil, problemas a solucionar

De manera más específica, el documento desgrana con precisión qué busca solucionar el Consistorio. En primer lugar, señala la escalada de precios. Cabe recordar que Hondarribia ha pedido al Gobierno Vasco declararse como zona tensionada, ya que los precios de la vivienda en alquiler han subido un 19,7% entre 2018 y 2023, un 3,2% más que el IPC.

Por otro lado, la media de los nuevos contratos de alquiler, según datos de 2024, es de 835,4 euros. En 2016 era de 657,1 euros. Este aumento supone “una barrera de acceso especialmente intensa para rentas medias y bajas". Además, el documento señala las “fuertes desigualdades” dentro del propio municipio dependiendo del barrio.

Por otro lado, se señala la necesidad de priorizar el alquiler protegido, y también el escaso gobierno sobre la oferta disponible. A este respecto, señalan que el 24,2% de las viviendas en alquiler está en manos de 35 grandes titulares, que concentran 307 viviendas en Hondarribia.

Motivos para su implantación

Por otro lado, explican por qué motivos y en base a qué necesidades piden la aplicación de esta normativa. Primero, se amparan en la necesidad jurídica para regular un mercado residencial “tensionado”, y el incremento de los precios de alquiler y compra. A este respecto, el documento establece que el coste de la vivienda es “superior al 30% de los ingresos”. Por ello, piden que el Consistorio pueda reglar en que se adjudique a alguien una vivienda y, tras ello, los condicionantes para que permanezca en ella.

También se aprecia una necesidad de “intervención inmediata” por el cambio demográfico, en una sociedad de cada vez más avanzada edad. Por ello, esta norma especifica que si el mercado se consolida tras una tardía respuesta, la solución será más difícil de corregir, por lo que habría que “acompasar política de vivienda, planeamiento y realidad demográfica antes de que el desajuste sea irreversible”.

El documento también menciona la necesidad de una perspectiva de género, ya que “la presión residencial impacta de manera diferenciada sobre mujeres", sobre todo “en hogares monomarentales, mujeres mayores, mujeres migradas y mujeres en situaciones de ruptura o violencia”.

Objetivos de esta normativa

Con todos estos motivos y necesidades, señalan que esta normativa daría al antes mencionado Plan General de Ordenación Urbana un “acceso real a vivienda protegida y asequible”, con “aproximadamente 703 VPS (Viviendas de Protección Social) y 242 viviendas tasadas” entre las de nueva ejecución. Esto, dice el documento, exige garantizar la “coherencia entre planeamiento y gestión”.

Por otro lado, se pretende priorizar un “alquiler asequible”, además de la estabilidad en una vivienda. Cabe destacar que, actualmente, en Hondarribia hay hechas 1.552 solicitudes a Etxebide, con el alquiler como prioridad.

Respecto a la antes mencionada perspectiva de género, también se busca diferenciar la vulnerabilidad según el tipo de unidad de convivencia, tales como “hogares unipersonales, monomarentales, mujeres mayores, situaciones de ruptura y violencia machista”.

Finalmente, el objetivo también es que la vivienda vacía o infrautilizada vuelva a ser utilizada, entendiendo que un hogar cumple una “función social”.

Diferentes alternativas regulatorias y no regulatorias

Por ello, proponen distintas alternativas para regular el parque de vivienda. En primer lugar, piden la aprobación integral de este plan, que, se estima, “es la alternativa más sólida desde los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica” para regular los distintos tipos de Viviendas de Protección Pública, así como los diferentes apartados necesarios para su regulación.

Otra opción sería un reglamento interno para gestionar el Departamento de Vivienda, útil en el apartado administrativo, pero con menor legitimidad para hacer “frente a terceros” que “una ordenanza debatida y aprobada en el Pleno”.

Otra alternativa sería una regulación parcial en distintas materias, que permitiría activar diferentes apartados, pero que podría generar “dispersión normativa, riesgo de contradicciones internas y menor trazabilidad de criterios”, la cual dificultaría el apartado de la igualdad, sobre todo “en la dimensión de género”.

Entre las alternativas no regulatorias, se plantean dos vías. Por un lado, los convenios voluntarios con propietarios, que agilizan la captación de vivienda para programas urgentes. Sin embargo, su éxito depende de la voluntad privada y no suplen un marco normativo sólido.

Por otro lado, los incentivos económicos y ayudas al alquiler, que ofrecen un claro alivio a corto plazo, pero fracasan al intentar corregir las fallas estructurales del mercado o garantizar viviendas protegidas a largo plazo. Ambas, estima el documento, son medidas temporales, no definitivas.