Garamendi planta al Gobierno español por el registro de 'lobbies': "Ni nos pondremos al teléfono"

Actualizado hace 2 minutos

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado este miércoles contra el Real Decreto-ley del registro público de 'lobbies', que obliga a la patronal a inscribirse, y ha anunciado que no mantendrá contactos con el Gobierno hasta el 16 de septiembre, cuando la norma se someterá a votación en el Congreso.

"Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley", ha explicado el presidente de la patronal en declaraciones a los medios de comunicación desde Ceuta.

El Real Decreto-ley que regula los lobbies en España, aprobado recientemente por el Gobierno, obliga a las organizaciones empresariales y sindicales a inscribirse en el llamado 'Registro de Grupos de Interés' siempre que realicen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos.

La CEOE se reivindica como agente social

Pero Garamendi ha recordado que la CEOE se incluye en la Constitución como agente social. "Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado", ha remarcado.

Por ello, y dado que el día 16 de septiembre la norma se somete a convalidación en el Congreso de los Diputados, el líder de los empresarios ha decidido congelar los contactos con el Ejecutivo, esperando que sea rechazada. "Ni nos pondremos al teléfono", ha advertido.

En esta misma línea, el presidente de la patronal ha reconocido que es "difícil" poder llegar a acuerdos con los sindicatos en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) dado que no hay un "espacio seguro" en cuanto a las medidas que tiene encima de la mesa el Ministerio de Trabajo.

Concretamente, Garamendi ha hecho referencia a la revisión de la ley para que los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no sean absorbibles con pluses o complementos, un acuerdo al que llegó el Gobierno con los sindicatos en el último pacto para la subida del SMI y que aún no se ha aprobado.