El tablero político de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre se reconfigura a contrarreloj y con la Cámara Alta como nuevo campo de batalla estratégica. Tras confirmarse la coalición del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales para concurrir de forma conjunta y arrebatar la mayoría absoluta que el Partido Popular ostenta desde 2023, la reacción en el bloque de la derecha no se ha hecho esperar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, admitió este martes la existencia de negociaciones formales con Vox para optimizar sus apoyos. El objetivo declarado no es solo evitar que la izquierda controle el Senado, sino aspirar a una ambiciosa mayoría de tres quintos (60%) que desbloquee la renovación de órganos clave como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional y asegurarse de esta manera el control de los mismos.
La respuesta de los líderes conservadores ante el bloque de izquierdas se fundamenta en un principio de pragmatismo electoral. En una entrevista concedida a la Cadena Cope, Feijóo defendió con firmeza la necesidad de entablar un diálogo con los de Santiago Abascal, asegurando que "sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta del Senado". El candidato popular apeló de forma insistente a los principios de "respeto" y "discreción" como las condiciones indispensables para llegar a buen puerto.
Por parte de la formación de Santiago Abascal, la predisposición a la alianza es idéntica. El portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, confirmó desde Logroño que su partido "actuará con altura de miras" con un reto prioritario en el horizonte: unificar el voto útil para sacar al actual Gobierno de La Moncloa. Aunque Figaredo evitó ofrecer detalles técnicos específicos con un críptico "hasta aquí puedo leer", recordó que la experiencia de los pactos conjuntos que mantienen en cuatro comunidades autónomas actúa como un aval de confianza para esta campaña electoral.
Las fórmulas de la negociación: Del reparto territorial a los senadores autonómicos
Aunque la arquitectura final del pacto para las listas electorales del 29 de noviembre aún se mantiene bajo estricta reserva, y una vez descartada la fórmula de coalición porque ya se ha pasado el plazo, se perfilan dos vías técnicas para materializar el entendimiento. Por un lado, a través de los senadores por designación autonómica. Feijóo deslizó que una de las fórmulas más viables y ya testadas consiste en la cesión de escaños en las cámaras autonómicas. Actualmente, Vox cuenta con cinco senadores que provienen de los acuerdos de coalición autonómicos suscritos en los parlamentos de aquellas comunidades donde gobiernan de forma conjunta. La otra vía sería una retirada táctica de candidaturas, es decir, que una de las dos formaciones renuncie a presentarse en determinadas circunscripciones provinciales para concentrar el voto en la candidatura con más opciones, o bien la integración de perfiles de Vox dentro de las propias listas del Partido Popular.
Frente a las críticas de la izquierda, Feijóo reivindicó la transparencia de sus negociaciones frente a la opacidad de los pactos del Ejecutivoespañol. "Los pactos encapuchados se los dejamos al Partido Socialista, a las fuerzas de izquierda y a Bildu. Los pactos transparentes son los que hemos hecho en las comunidades con Vox", sentenció el líder del PP, quien también presumió de sus alianzas con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias.
Moncloa aprovecha el pacto para asimilar al PP con la "ultraderecha"
La reacción del Gobierno español no se ha hecho esperar. Fuentes de La Moncloa señalaron que el acercamiento entre Feijóo y Abascal "constata que ya no existen diferencias" entre el Partido Popular y Vox. Para el Ejecutivo, este pacto confirma la tesis que llevan meses defendiendo ante la opinión pública: que el PP se ha mimetizado con la "ultraderecha" y que, a efectos prácticos, el mensaje que se traslada a los votantes es que "da lo mismo a qué formación voten" dentro de ese bloque.
La portavoz del Gobierno Sánchez, Elma Saiz, al ser interrogada de forma directa sobre este posible acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, optó por un prudente silencio institucional para evitar posibles sanciones de la Junta Electoral Central (JEC). Cabe recordar que el propio Pedro Sánchez, ya fue multado con anterioridad por realizar declaraciones de índole partidista y electoralista desde las dependencias del palacio gubernamental. "Por el respeto máximo a la Junta Electoral no puedo hacer ninguna manifestación", se limitó a responder la portavoz.
La meta final: El control institucional y la "reconstrucción nacional"
Más allá de la matemática estrictamente parlamentaria de la Cámara Alta, lo que está en juego trasciende las elecciones de noviembre. La obtención de una mayoría cualificada de tres quintos en el Senado otorgaría al bloque conservador una llave institucional de valor incalculable para el próximo ciclo político. Dicha mayoría permitiría influir de forma determinante en las designaciones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, dos de los grandes campos de batalla judiciales y políticos de la legislatura.
Feijóo ha enmarcado este movimiento de concentración de fuerzas como el paso inicial para "resetear" el país y dar comienzo a lo que definió como una "reconstrucción nacional".