En público, en privado, en solitario o en alianza con el presidente de Canarias, el lehendakari Pradales ha reclamado al Estado un plan estructural para organizar la migración y no despachar el asunto a salto de mata con un reparto improvisado de las personas entre las diferentes comunidades autónomas a medida que van cruzando la frontera, o con soluciones coyunturales que no van a la raíz de un desafío que es estructural y ha llegado para quedarse. Pide mayor planificación al presidente Sánchez y también a Europa, así como reforzar los acuerdos con los países de origen. La entrada de miles de migrantes en Ceuta este verano ha reforzado esa tesis y pone en evidencia la magnitud del reto. El Gobierno Vasco ha confirmado que participará por vía telemática en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que ha convocado el Ejecutivo español para este jueves con el objetivo de abordar el crédito extraordinario para Ceuta (estará el viceconsejero Xabier Legarreta hasta que la consejera de Bienestar, la jeltzale Nerea Melgosa, pueda incorporarse tras el Consejo de Gobierno en Miramar). Hace unos días, el Ejecutivo de Pradales pidió al Estado que no ponga el piloto automático con esta crisis, que no decida otro reparto de los menores por todas las comunidades, sino que agote antes todas las vías para que los niños puedan volver con sus familias a Marruecos, si esto es posible. Y avisó de que cualquier traslado se tiene que pactar con Euskadi y venir acompañado de garantías asistenciales y de financiación. Este miércoles ha solicitado que, como primer paso, se identifique a esos menores y se busquen sus antecedentes familiares para tomar una decisión.
Regular la entrada de migrantes es competencia del Estado; pero la atención social, la educación o la sanidad son competencia autonómica y, en el caso vasco, la tutela de los niños es de las diputaciones forales, que llevan meses asegurando que sus recursos están por encima de su capacidad ordinaria. Por el contrario, las diputaciones denuncian que otras comunidades no quieren hacerse corresponsables de esta atención ni han sido tan solidarias. El esquema se reproduce a nivel europeo con los estados que cierran sus puertas o, como ocurre con Francia, endurecen sus controles fronterizos y comprometen aún más la situación de los lugares de paso al resto de Europa como Euskadi. El contexto ayuda a comprender el significado de las palabras del Ejecutivo vasco o, al menos, de los responsables del PNV que se han pronunciado. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, se posicionó al respecto este miércoles en una entrevista en la cadena Ser ante las preguntas de la emisora, donde aclaró que, antes de tomar una decisión sobre los menores, hay que recabar información sobre sus antecedentes familiares. "Lo primero, desde el punto de vista humanitario, es buscar la mejor cobertura para esas personas", la mejor situación posible, y eso solo se podrá hacer si son "identificadas". Hay que "saber qué antecedentes familiares tienen y por qué han decidido pasar" la frontera y, a partir de ahí, decidir qué hacer. Pero Zupiria matizó que esta información es relevante en cualquier caso, también si finalmente se decide que los niños se queden en centros de menores, porque esos datos servirán para ofrecer un itinerario de formación y educación.
En principio, el ministro Torres, el mando único en esta crisis, comparte que la prioridad debe ser la devolución de mayores y menores, pero no está claro qué va a ocurrir mientras se resuelven los expedientes. Y nadie sabe con exactitud de cuántos niños se trata. En un primer momento se habló de 3.000, y ahora se ha rebajado la cifra a 1.410, pero se da por hecho que serán más, porque algunos siguen sin identificar en la calle, y se cree que parte de ellos pueden seguir escondidos en las zonas de montaña. En paralelo, la ministra de Infancia, Sira Rego (Sumar), quiere trasladar ya a la península a 500 niñas vulnerables sin que ello suponga que la tutela recaiga en las comunidades, y en las últimas horas ha realizado gestiones para intentar que se debata y vote como punto informativo en el orden del día de la sectorial.
En una reflexión más general, Zupiria aseguró que "nadie va a rechazar la inmigración", pero habrá que estudiar de qué forma la "organizamos" para que "sea asumible y aceptada socialmente, porque la necesitamos". Se refería, sin citarlo, al envejecimiento de la población y las tasas bajas de natalidad. A partir de ahí, el consejero, que forma parte de la cuota del PNV y gobierna en coalición con los socialistas, no quiso entrar en si el Gobierno español podría haber evitado esta entrada masiva, si lo hizo bien o mal, o si los servicios secretos debían estar al corriente de estos movimientos en la frontera. El PNV, como partido, sí ha exigido a Pedro Sánchez que dé explicaciones sin esperar hasta septiembre.
Un aspecto humanitario "muy gordo"
Zupiria constató que la crisis de Ceuta ha abierto cuatro debates que van a dar "mucho que hablar" en los próximos meses. Como primer punto, mencionó "el debate sobre la inmigración", donde "nadie" va a rechazarla, pero sí habrá que organizarla; en segundo lugar, cree que se ha puesto "en cuestión si los servicios de información han actuado debidamente o no", aunque él personalmente no se atreve a hacer elucubraciones ni quiere acusar al Estado de haber actuado tarde y mal; en tercer lugar, destacó que hay un aspecto humanitario "muy gordo" en términos de atención social; y, en cuarto lugar, dejó caer que Marruecos mantiene en pie su reclamación política sobre un territorio que está bajo soberanía española, Ceuta.
En anteriores comparecencias, el lehendakari Pradales ha exigido a Sánchez que reconozca a Euskadi como frontera norte de paso hacia otros estados europeos, con lo que ello supondría en términos de dotación presupuestaria y de capacidad de interlocución con el Estado francés, que abre y cierra a su antojo los pasos fronterizos. A nivel estatal, ha pedido un plan estructural con financiación y con una clarificación de responsabilidades. Y, ante el ruido y las conferencias sectoriales que se han saldado sin acuerdos por los plantes del PP, Lakua ha pedido reuniones bilaterales al Gobierno español porque le interesa buscar soluciones.
Sin respuesta a la queja por invasión de las competencias de la Ertzaintza
Por otro lado, Zupiria aseguró que no ha recibido respuesta a la queja formal que elevó al ministerio de Interior por invasión de competencias. La queja la envió tras la detención de dos hombres por parte de la Policía española por agredir a un aficionado de la selección de Luis de la Fuente. De todos modos, no quiso hacer sangre con esta falta de respuesta porque entiende que las agendas del ministerio de Marlaska están ahora "muy ocupadas" con el asunto de Ceuta. Pero, en el fondo, la posición de Zupiria no cambia, porque las competencias de la Ertzaintza están claramente establecidas en el Estatuto de Gernika y en los acuerdos entre ambos gobiernos, y está claro qué materias quedan reservadas para la Policía española y la Guardia Civil. Cuando le recordaron que el Gobierno español defiende la actuación de su Policía porque era un delito de odio, Zupiria respondió que "todo cabe en un delito de odio", y que estas discusiones no son nuevas y ya las vivieron con los delitos contra el medioambiente, las garantías de protección al menor o la violencia contra la mujer. "Es un tema recurrente, y por eso es importante que nos atengamos a lo acordado", dijo, para añadir que los principios deben estar claros y debe existir coordinación entre los cuerpos para ser más eficaces, cada uno dentro de sus competencias.