Urkullu acatará el fallo sobre el toque de queda y el cierre para no alargar la incertidumbre

La ciudadanía vasca permanece en vilo desde hace días sin saber a ciencia cierta qué restricciones de movilidad se van a aplicar cuando caiga este domingo el estado de alarma. En ese contexto, el lehendakari ha tomado la decisión de no generar más incertidumbre y no meterá la gestión del virus en un laberinto judicial. Acatará la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el toque de queda, los cierres perimetrales de los municipios y la comunidad, y la limitación del número de personas en las agrupaciones.

Si el tribunal tumba algunas medidas, no las aplicará ni las introducirá en el decreto que aprobará mañana, aunque suponga verse obligado a renunciar a ellas. Trata de evitar que su decreto sea recurrible por otros colectivos y que se prolongue el pulso judicial hasta el Tribunal Supremo, que tardaría otras dos semanas en decidir y, mientras tanto, quedaría en el alambre la aplicación de las medidas.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Parlamento Vasco, el lehendakari ha confirmado la intención de llevar al decreto solo las medidas cvon garantías, como ya informó este periódico. "No nos podemos arriesgar a que haya periodos de indecisión e incertidumbre ante recursos", ha dicho Iñigo Urkullu, quien alerta de que ese impasse podría derivar en una "pérdida de efectividad" de las medidas. "No creo que fuera responsable", zanja.

El Gobierno vasco tiene elementos a favor y en contra: por un lado, es difícil que el tribunal le dé la razón cuando tiene sobre la mesa un informe negativo de la Fiscalía vasca de Carmen Adán, que solo ve margen para limitar a cuatro el número de personas en las agrupaciones, y se opone al toque de queda y los cierres perimetrales sin estado de alarma; pero, por otro lado, el Tribunal Superior de las Islas Baleares ha dado luz verde al toque de queda aunque la Fiscalía se había posicionado en contra. La decisión, eso sí, se ha tomado con división.

RESPUESTA UNIFICADA

Este dato puede añadir presión al resto de tribunales, incluido el vasco, para actuar con un criterio unificado y evitar la imagen de disparidad ofrecida el año pasado y que ha causado tanto desconcierto. La Fiscalía, por su parte, ha quedado en unificar su respuesta. Además, la situación del virus en la comunidad autónoma vasca es peor que la balear. Un veto en Euskadi podría interpretarse como un agravio comparativo. El toque de queda interesa a otras comunidades, sobre todo de signo socialista, como Nafarroa, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Quedaría la vía del recurso en casación al Tribunal Supremo, que Urkullu no va a explorar. Tampoco sería la panacea para el toque de queda, porque el Supremo, en una decisión cautelar, ya cuestionó la capacidad de maniobra de las comunidades sobre la limitación nocturna cuando frenó la intención de Castilla y León de adelantarla a las 20.00 más allá de los límites horarios fijados en el estado de alarma.

Urkullu ha elevado una consulta al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que delibera hoy y hará pública su decisión mañana a mediodía. El lehendakari plantea que, cuando el número de contagios supere los 200 casos por 100.000 habitantes en los últimos catorce días, se pueda mantener el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas, restringir la agrupación de personas a un máximo de cuatro sin contar los convivientes (habla de agrupación y no de reunión, y por ello la Fiscalía no cree que vulnere el derecho de manifestación y opinión), y preservar el cierre del perímetro de la comunidad autónoma. En cuarto lugar, se plantea mantener el cierre de los municipios de más de 5.000 habitantes cuando su tasa de incidencia acumulada supere los 400 casos, y poder aislar los que tengan menos de 5.000 cuando superen los parámetros establecidos.

EN MANOS DEL JUEZ GARRIDO 

Urkullu no ha querido albergar esperanzas ni especular, y ha dejado ver que la tarea ha quedado cuesta arriba por la insistencia del presidente español en no prorrogar el estado de alarma, pero también por el pronunciamiento negativo de la Fiscalía vasca, que solo ve margen para limitar las agrupaciones y, para rizar el rizo, no ayudan los precedentes poco halagüeños con el juez de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior vasco, Luis Garrido, quien en su momento ya tumbó precisamente la limitación de las reuniones a seis personas, así como el cierre de bares en zona roja.

La Fiscalía vasca se opone al toque de queda y los cierres con el argumento de que no se puede limitar el derecho a circular "por territorio nacional" a un colectivo indeterminado y genérico sin estado de alarma. Queda por despejar si el tribunal, como pide el Gobierno vasco, va a entrar a valorar si es proporcional por la situación de la pandemia, o se va a quedar en el análisis estrictamente legal como la Fiscalía.

Un veto dejaría como único camino a las comunidades acatar la decisión o acudir al Supremo, donde está por ver si una decisión favorable de ese tribunal sobre un caso concreto sería aplicable de manera automática en todos los territorios y abriera la puerta, por ejemplo, a que Urkullu por vía indirecta pudiera repescar algunas cuestiones para su decreto. Lo que ya descartó el miércoles la ministra Darias es la opción de ofrecer como último recurso un estado de alarma parcial en un territorio que no consiga ningún aval judicial a sus medidas. En el peor de los casos, algunas comunidades podrían quedar abocadas a una acción de mínimos, al control de aforos y horarios en la hostelería y la actividad comercial.

Urkullu apuesta por incorporar medidas con "garantías", y dice que serán "razonables y razonadas". Sobre la opción de la alarma parcial, ha recordado que el Gobierno español también ha expresado su "negativa". Lamenta no haber recibido "respuesta" a las propuestas remitidas a Sánchez para afinar en la cogobernanza y las garantías.