El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, complementará con 2 millones de euros el desempleo de trabajadores en ERTE por la guerra y destinará también hasta 100 millones al fomento de la contratación, según ha acordado la mesa del Diálogo Social de Euskadi reunida este martes. Este órgano ha pactado también un programa de recualificación y recolocación por 1,5 millones ante los efectos del conflicto en Irán.
Durante el encuentro se han estipulado otros tres acuerdos relativos el desarrollo de un modelo propio de formación para personas trabajadoras, la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones y la futura Ley vasca de Participación Institucional, en la que se regularían las consecuencias de la no participación en los distintos órganos.
El Gobierno Vasco establecerá un complemento a las prestaciones de desempleo de los trabajadores en ERTE, "más vulnerables y con salarios más reducidos", condicionado a la obligación de mantenimiento del empleo, "provenientes de sectores afectados por la guerra de Irán".
Con este objetivo, se establecerá un presupuesto de 2 millones de euros para los trabajadores con bases de cotización inferiores o iguales a 23.000 euros y por un importe de 175 euros mensuales para personas con una jornada de trabajo superior al 50% y de 125 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%.
Con el objetivo de fomentar la contratación, se establecerán fórmulas de acceso con discriminación positiva para desempleados y/o empresas afectadas por las consecuencias de la guerra por un importe máximo de 100 millones de euros.
Ley vasca de Participación institucional y diálogo social
Otro de los acuerdos de la Mesa establece las bases y principios configuradores de la futura Ley vasca de Participación institucional y diálogo social, cuya finalidad es configurar un marco "común para el ejercicio de representación institucional y el diálogo social, que contribuya a su fortalecimiento y adecuado desarrollo" y que reconozca su "valor constitucional y democrático".
Esta ley, que "consolidará el papel estructural del diálogo social en Euskadi", define como "ejes principales" el "papel prioritario" de organizaciones empresariales y sindicales en políticas públicas transversales y la clarificación de los sujetos legitimados según las materias, así como la regulación de derechos y procedimientos de participación.
Además, se incide en la institucionalización legal de la mesa de Diálogo Social y en que esa vocación de estabilidad y permanencia del diálogo social debiera tener su reflejo dotándolo de "los medios y recursos necesarios para su soporte efectivo".
También se plantea como unas de las bases el reconocimiento presupuestario de la labor de participación y se considera necesario que, vinculado al cumplimiento de la finalidad que tienen asignada, tanto el diálogo social institucionalizado como la participación institucional "han de ir acompañados de la correspondiente consignación presupuestaria anual" en el Proyecto de Presupuestos.
Además, se señala que la ley debería regular las consecuencias de la no participación efectiva de alguna de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del País Vasco en los órganos de dirección colegiada, asesoramiento, consulta, participación y concertación.
En concreto, se apunta que la norma regularía las diferentes formas de sustitución para el caso de que alguno de los agentes sociales no participe de forma efectiva o renuncie a su derecho de nombramiento, "evitando que se produzca un menoscabo de su capacidad de intervención en aquella parte que pudiese quedar infrarepresentada".
Por último, se ha acordado que deberían quedar fuera de esa norma todas las estructuras actuales creadas para la canalización del diálogo directo entre los agentes sociales, como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social.
Grupo de trabajo sobre migraciones
Por otro lado, se constituirá un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado de trabajo vasco, en el marco de la Mesa de Diálogo Social de Euskadi, como cauce permanente para la colaboración y coordinación de las políticas activas de empleo y las políticas para la gestión de la migración laboral, con la participación de los agentes sociales.
Dicho grupo de trabajo tendrá como objetivos, entre otras, el análisis del mercado de trabajo en relación con la migración, el diseño de políticas públicas que mejoren la planificación y coordinación entre las políticas activas de empleo y la gestión migratoria laboral, la identificación de necesidades de empresas y personas, de forma que se favorezca la integración laboral y en general, coadyuvar al establecimiento de canales de migración seguros, ordenados y regulares, con el objetivo de garantizar los derechos de las personas migrantes y facilitar su incorporación al mercado laboral.
En todo caso, el grupo hará de forma continua un seguimiento del impacto de la migración laboral en el mercado de trabajo vasco y elevando conclusiones o propuestas a la Mesa de Diálogo Social de Euskadi. Este grupo se reunirá con la periodicidad que se determine de común acuerdo y podrá recabar la participación de personas expertas o responsables técnicos cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje.
Modelo propio de formación
Otro de los acuerdos es el relativo al desarrollo del modelo propio de formación para personas trabajadoras, tras haberse aprobado en 2022 la bases para ese modelo, en el que se fijaron los principios y ejes estratégicos de un nuevo modelo vasco de formación, concebido para dar respuesta a las necesidades de cualificación permanente.
Desde entonces, el Departamento de Educación y el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco han venido trabajando de forma coordinada en el diseño operativo del modelo y el acuerdo cerrado este martes da por bueno el desarrollo del acuerdo de 2022 y ve condiciones para avanzar a una fase de despliegue progresivo y evaluación continua.
La Mesa de Diálogo Social ve adecuados los trabajos realizados por ambos Departamentos y valora la propuesta de trabajo plurianual, que prevé hitos como el mapa de centros, el desarrollo del observatorio comarcal, encomiendas entre departamentos, las convocatorias para centros concertados y entidades privadas, y la planificación de la oferta en los diferentes cursos académicos y ejercicios.
Además, se comparte la previsión de creación de un registro autonómico de certificados profesionales (Grado C), certificados de competencia (Grado B) y acreditaciones parciales de competencia (Grado A).
En el acuerdo se contempla impulsar la implementación progresiva del modelo propio de formación en el horizonte 2026-2028, lo que incluye "la progresiva" articulación y planificación de la oferta acreditable por Educación/FP y de la formación certificable por Empleo/Lanbide; la puesta en marcha de convocatorias u otros mecanismos de financiación previstos en la ley, así como el desarrollo de los instrumentos necesarios para la gestión, seguimiento y registro de las acciones formativas y de las acreditaciones y certificados obtenidos.
Asimismo, la Mesa ha acordado instar al Gobierno vasco a promover la modificación de la normativa vigente en materia de tasas aplicables al procedimiento del Dispositivo de reconocimiento de la competencia, con el fin de adecuarla "a los objetivos de inclusión, empleabilidad y mejora de la cualificación profesional".
En concreto, propone incorporar, entre los supuestos de exención, a las personas que accedan al Dispositivo por prescripción expresa de Lanbide en el marco de alguno de los programas de activación y mejora de la empleabilidad que gestiona -PIPEI, PIPE o los itinerarios mixtos de empleo y formación-.