Euskadi busca aligerar la burocracia para impulsar proyectos estratégicos

Una de las quejas que con más frecuencia suele deslizarse desde el tejido empresarial europeo, y que ha sido recogida en los informes Draghi y Letta, tiene que ver con la necesidad de la simplificación regulatoria a la hora de desarrollar un proyecto empresarial o ejecutar una inversión innovadora. Además, el tiempo apremia, porque el continente corre el riesgo de quedarse descolgado de una carrera en la que ya llevan ventaja Estados Unidos y China. 

Hoy, durante un encuentro en el Parque Tecnológico de Gasteiz, los consejeros de Industria y Agricultura del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi y Amaia Barredo, detallaron la ‘autopista regulatoria’, la iniciativa esbozada en el Parlamento, tras el acuerdo previo, por los líderes de PNV y PSE, Aitor Esteban y Eneko Andueza. “Lo que hacemos es simplificar los procesos. Con esta autopista regulatoria vamos a reducir hasta un 75% en los plazos de los trámites administrativos para aprobar los proyectos estratégicos de Euskadi”, dijo Jauregi, que destacó que no se va alterar “ningún requisito urbanístico ni medioambiental”.

Los dos consejeros se reunieron ayer en Miñano con representantes de instituciones, patronales, agentes económicos e industriales para darles a conocer la Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible, que es la denominación legal de la medida y que todavía tiene que ser aprobada por la cámara. El objetivo es reducir hasta en un 75% los plazos de los trámites administrativos para la aprobación de los proyectos “estratégicos”, especialmente aquellos vinculados a las dos grandes transformaciones que la CAV, y toda Europa en general, afronta: las transiciones energética y digital. De fondo, la necesaria autonomía que la Unión Europea busca en cuestiones vinculadas a estas materias. Jauregi puso sobre la mesa “la necesidad de reducir los plazos de los trámites administrativos en los proyectos prioritarios del país”, recogido en el Plan de Industria-Euskadi 2030, donde se propone la reducción de los plazos administrativos en un 30%, y destacó que la nueva ley superará esta previsión, con una rebaja de entre un 30% y un 75% de los tiempos de tramitación en función del proyecto.

Euskadi pone en marcha la Autopista Regulatoria. Irekia

En algunos casos, el plazo de la tramitación se reducirá de dos años a seis meses y el número de procesos puede reducirse de 24 a 8 meses. “Esta norma, además, responde a las nuevas directrices europeas. Con su puesta en marcha de la ley, el plazo máximo para la autorización de un proyecto de interés público será de seis meses”, reiteró el consejero.

En concreto, la nueva norma prtende agilizar proyectos asociados a los sectores medioambiental, energético, alimentario y primario, así como los de la gestión del dominio público marítimo terrestre y portuario. Las actuaciones principales para la simplificación administrativa y desburocratización son la designación de los trámites medioambientales como “urgentes”, con lo que los plazos estimados se reducirán a la mitad, y la reducción de las cargas administrativas adoptando el principio de once only, una herramienta europea digital con la que se busca que la comunicación con las instituciones para el conjunto de trámites se haga, como iindica el nombre, en una sola vez.

Además, la norma también recoge la simplificación y automatización de procesos administrativos claves, incluyendo la digitalización e implementación de herramientas tecnológicas, y el fortalecimiento de seguridad jurídica mediante “marcos normativos claros y estables”.

Una de las novedades legislativas es que un proyecto podrá acceder a la declaración de Proyecto de Interés Público Superior (PIPS). Esto implicará que, en términos de legislación urbanística, se adelantarán las posibles modificaciones del planteamiento municipal, de manera que los ayuntamientos deberán adaptar planeamiento en consecuencia. Además, el texto integrará las licencias de obras y se realizará una consulta previa al ayuntamiento correspondiente, con plazo de respuesta de un mes. Para que un proyecto acceda a este proceso de simplificación, la figura del ‘Proyecto de Interés Público Superior’ reconocerá a “proyectos transformadores” del Plan de Industria, entre los que se incluirán aquellos relacionados con actuaciones y ampliaciones de las redes eléctricas, energías renovables, instalaciones de tecnologías de cero emisiones netas, materias primas fundamentales e infraestructuras de residuos y economía circular.

No obstante, la aprobación definitiva de la preceptiva declaración del Interés Público Superior de un proyecto correrá a cargo del Consejo de Gobierno. La puesta en marcha de la ley supondrá que Euskadi va a disponer para los proyectos de interés público de la normativa “más completa y ágil” entre las comunidades del Estado, adaptada a las nuevas directrices europeas y garantistas con el medio ambiente.

Jauregi y Barredo en la presentación la Autopista Regulatoria. Irekia

Además, la ley contempla la reducción de trámites administrativos, modificando diferentes leyes en vigor e incorporando nuevos artículos con una finalidad “decididamente simplificadora”, coincidiendo, en relación con una parte de la norma, con las nuevas competencias que ejerce la CAV como consecuencia de la transferencia de la gestión del litoral en abril del año pasado. Todo ello permitirá “agilizar las autorizaciones de las actividades en el litoral, sincronizar y armonizar las inspecciones que reciben las empresas del sector alimentario, reduciéndolas, y ordenar e impulsar las actividades en el medio rural”. En este sentido, la consejera de Agricultura, Amaia Barredo, destacó que la nueva ley “supone un cambio profundo en la manera de relacionarse la Administración con el sector primario y la cadena alimentaria, porque simplifica procedimientos, elimina duplicidades y permite que agricultores, ganaderos, pescadores, industrias alimentarias y entidades locales puedan desarrollar sus proyectos con mayor agilidad y seguridad jurídica”.

La nueva normativa está enmarcada en la necesidad de autonomía estratégica europea y la reindustrialización del continente. Ante la urgencia de acelerar la transformación digital, la transición energética y la autonomía estratégica europea, Euskadi quiere “liderar la simplificación y agilización de los procesos administrativos para impulsar la competitividad de la industria y de la actividad económica sostenible”.

El Gobierno Vasco ha señalado que los objetivos para hacer frente a esos retos hacen necesarios procesos administrativos más ágiles, “acordes con las normas ambientales comunitarias, y sin comprometer la competitividad de la industria y de los diferentes sectores”. En este sentido, ha explicado que la Comisión Europea ha establecido mecanismos administrativos y plazos máximos para obtención de las autorizaciones de proyectos de interés público, que resultan “incompatibles con el esquema normativo actual”, por lo que “procede adaptar el marco legal vigente”. Los plazos máximos que establece la Comisión Europea en normativas como la ‘Net-Zero Industry Act’ (NZIA) para este tipo de proyectos son de doce meses y el Ejecutivo ha resaltado que la nueva ley “los reduce a la mitad”, para que seis meses sea el plazo máximo para la aprobación de un proyecto de interés público en Euskadi.