El Ayuntamiento de Etxebarri ha abierto el proceso de licitación para la concesión de espacio público urbano destinado a la instalación, mantenimiento y explotación de tres estaciones de recarga de vehículos eléctricos. La iniciativa tiene como objetivo crear una red de infraestructuras de este tipo para avanzar en el compromiso municipal a favor de la movilidad sostenible y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La ubicación de las electrolineras, en tres zonas diferentes del término municipal, se ha pensado para que el despliegue de este servicios se lleve a cabo de una manera equilibrada. En concreto, irán en un lateral de la calle Forua, a la altura del número 16 de la calle Santa Ana y en Gangurenmendi, junto al acceso al polideportivo municipal. Se trata, sin embargo, de ubicaciones “orientativas” porque el consistorio permitirá a los licitadores proponer otras localizaciones “alternativas pero siempre dentro del mismo ámbito y justificando el porqué de dicho cambio”.
Tipos de carga y de conectores
Cada uno de estos recintos deberá disponer de dos plazas de aparcamiento exclusivas debidamente pintadas en verde y con señalización vertical de prohibición de estacionamiento, salvo el tiempo que el vehículo esté realizando la recarga.
En cuanto a sus características técnicas, las bases de licitación establecen que las estaciones a implantar en estas tres puntos del casco urbano de Etxebarri deben contar con, al menos, un cargador rápido (50 kW) y dos tomas simultáneas semirápidas (entre 11 kW y 20 kW) y ser compatibles con conectores Tipo 2, CCS Combo 2 y CHAdeMO.
El impacto económico para las arcas municipales de este despliegue de puntos de recargas para vehículos eléctricos va a ser nulo puesto que el Ayuntamiento solo cede el espacio para la explotación del servicio. La empresa adjudicataria asumirá la totalidad de los costes de obra civil, acometidas eléctricas, mantenimiento preventivo, limpieza, señalización y suministro eléctrico. Otro aspecto importante recogido en el pliego de condiciones es que exige garantizar el funcionamiento operativo de la infraestructura durante un mínimo de 10 años.