Errenteria defiende ante los tribunales el perfil lingüístico C1 de sus 25 plazas de Administrativo

Actualizado hace 9 minutos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia ha acogido este martes el juicio relacionado con el concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento de Errenteria para cubrir 25 plazas de Administrativo. El procedimiento judicial cuestiona el perfil lingüístico 3, equivalente al nivel C1 de euskera, establecido como requisito para los puestos incluidos en la convocatoria. El Consistorio ha defendido ante los tribunales la legalidad del proceso y queda ahora a la espera de la sentencia.

El Ayuntamiento aprobó y publicó el 12 de noviembre de 2025 la convocatoria y las bases específicas para la provisión de las 25 plazas mediante concurso-oposición libre. El proceso se enmarca en las medidas desarrolladas en los últimos años para estabilizar el empleo municipal y reducir la tasa de interinidad en la plantilla.

Contra la convocatoria y sus bases se presentó un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián. Según ha señalado el Ayuntamiento, el recurso se centra en el requisito lingüístico establecido para los puestos y fue presentado por una persona que no llegó a inscribirse en la convocatoria.

Una decisión vinculada a la planificación lingüística

El Consistorio sostiene que la exigencia del perfil lingüístico C1 responde a una planificación desarrollada durante años y que está respaldada por diferentes acuerdos y documentos municipales. El Ayuntamiento considera que el requisito forma parte de una estrategia más amplia en materia de política lingüística y de organización de la plantilla.

Entre los documentos que, según el Consistorio, sustentan la convocatoria se encuentra el Plan Estratégico de Desarrollo de la Política Lingüística Municipal de Errenteria 2021-2026, que recibió un informe favorable del Departamento de Política Lingüística del Gobierno Vasco.

También señala su vinculación con la Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla de personal de 2026, aprobadas por el Pleno municipal, así como con la planificación de las ofertas públicas de empleo acordada con las organizaciones sindicales.

Desde el Ayuntamiento defienden, por tanto, que el proceso de selección no responde a una decisión aislada, sino a una planificación previa relacionada tanto con la política lingüística municipal como con la organización de los puestos de trabajo.

A la espera de la resolución judicial

Tras la celebración del juicio, el Ayuntamiento deberá esperar a conocer la resolución judicial sobre el recurso. El Consistorio considera que el procedimiento judicial introduce un obstáculo en un proceso que, según sostiene, está respaldado por diferentes acuerdos y consensos alcanzados durante los últimos años.

El Ayuntamiento ha reiterado asimismo su compromiso con una administración que garantice a la ciudadanía el derecho a relacionarse con ella en la lengua que libremente elija. En este contexto, defiende ante los tribunales la legitimidad del camino seguido en materia de perfiles lingüísticos y confía en que la sentencia avale la planificación aplicada en la convocatoria de las 25 plazas.