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Economía

ELA pide al Gobierno vasco que retire su anteproyecto de reforma de la RGI

Un trabajador de Lanbide atiende a una usuaria.
Un trabajador de Lanbide atiende a una usuaria.

El sindicato ELA ha pedido la retirada del Anteproyecto de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) elaborado por el Gobierno vasco porque "consolida" los recortes que viene aplicando desde 2012 y confirma que su prioridad es "gastar lo menos posible".

En un artículo de opinión, el responsable del Gabinete de Estudios del sindicato, Mikel Noval, ha criticado que el anteproyecto presentado "relaciona la RGI con el Ingreso Mínimo Vital en vez de con el SMI, y establece una escala que, en la práctica, deja la RGI ordinaria como está y aumenta la de pensionistas a 893 euros, muy por debajo de lo que correspondería con la Ley de 2008".

Además, prosigue Noval, el Gobierno vasco "quiere eliminar la Prestación Complementaria de Vivienda" porque lleva "años planeando su supresión pero, hasta ahora, "la movilización social lo ha impedido".

Igualmente, desde su punto de vista, "también corre el riesgo de desaparecer el complemento de ingresos del trabajo", lo que le lleva a concluir que el Anteproyecto de reforma, "además de consolidar los recortes que están en vigor, pretende recortar aún más".

Según los cálculos que ha realizado el sindicato, si hoy se aplicara la Ley 18/2008 que fijó la cuantía en función del SMI (88% para personas solas; 100% en el caso de pensionistas), "los ingresos garantizados para una persona serían de 975 euros en doce mensualidades (1.108 los pensionistas).

Sin embargo, entienden desde ELA, el Gobierno "viene aplicando recortes desde 2012" y, así, este año, la RGI es de 706 euros para una persona sola (249 menos que con la Ley de 2008), y de 810 euros para una pensionista (un recorte de 292 euros al mes).

Para Mikel Noval, "la decisión política" que subyace es "aún más grave" si se tiene en cuenta que se habla de "garantizar unos ingresos mínimos a las personas y a las familias más vulnerables del país, y que la RGI está claramente por debajo del umbral de pobreza, algo que no debería ser aceptable".

Todo esto demuestra que "la prioridad del Gobierno vasco es gastar lo menos posible y que sus hechos desmienten su propaganda" ya que, tal y como entiende, "decir que la prioridad son las personas, y a la vez aplicar fuertes recortes en la RGI es hacer lo contrario a lo que se dice".

CRIMINALIZACION

En el artículo, ELA también denuncia "la constante campaña de criminalización de las personas perceptoras de prestaciones sociales, de la que participa el Gobierno".

En este sentido, ha apuntado que, "mientras que el fraude fiscal campa a sus anchas en las rentas no salariales, se estigmatiza a la gente que está en peor situación en la sociedad, a pesar de que todos los datos indican que el nivel de fraude en las prestaciones sociales es residual, y que, si algún problema tiene la RGI en cuanto a quien llega, es que se excluye de esas prestaciones a mucha gente que las necesita, como reconoce el propio Gobierno Vasco en sus informes".

Por todo lo indicado, ELA ha exigido la retirada de este anteproyecto, mejorar sustancialmente las prestaciones sociales y garantizar el acceso a una vivienda de alquiler social, tal y como planteaba la ILP contra la pobreza y la exclusión social impulsada por la Carta de Derechos sociales, que fue avalada por 51.000 firmas, y cuyo admisión a trámite fue rechazada por el Parlamento Vasco la legislatura anterior.

12/08/2021
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