El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha condenado al Gobierno de Navarra a abonar una indemnización de 18 millones de euros a los promotores del complejo proyectado en el Palacio de Aroztegia, en la localidad de Lekaroz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo fundamenta este varapalo económico en la responsabilidad patrimonial de la Administración, al considerar que la Policía Foral no protegió adecuadamente las obras frente a las acciones de sabotaje y las protestas del movimiento opositor.
Responsabilidad patrimonial
Las reclamaciones, interpuestas por las sociedades Hotel Palacio de Aroztegia S.L., la Junta de Compensación y Palacio de Aroztegia S.L., solicitaban originalmente una compensación que superaba los 26,2 millones de euros. Sin embargo, el TSJN ha estimado estas demandas de forma parcial, reconociendo el derecho al cobro del 75% de la cuantía reclamada.
La reducción del 25% en la indemnización final responde a lo que el tribunal califica como una "participación en la culpa" por parte de las propias empresas promotoras. Los magistrados entienden que las entidades reclamantes no adoptaron las medidas de seguridad privada necesarias para prevenir o mitigar los actos vandálicos en el recinto de Baztan. No obstante, el fallo considera que esta falta de previsión privada solo puede moderar la cuantía, pero en ningún caso exime al Gobierno de su deber de mantener el orden público y proteger la propiedad.
El TSJN obvia la ausencia de licitación aprobada
Uno de los puntos más controvertidos de la resolución, y que ha generado mayor malestar en el seno del Ejecutivo foral, es que el TSJN resta importancia al hecho de que Aroztegia careciera de permisos definitivos para las obras en el momento en que se produjeron los incidentes. Según la Sala, resulta "desproporcionado" atribuir la frustración del proyecto empresarial exclusivamente a que no se contara con la licitación aprobada.
Esta interpretación jurídica ha sido recibida con sorpresa, ya que obvia que los trabajos se iniciaron sin el respaldo administrativo necesario. Además, la sentencia ha decidido no tener en cuenta un pronunciamiento previo de la Audiencia Nacional, que en su día ya apuntó a la responsabilidad de los promotores por no haber implementado medidas de vigilancia adecuadas frente a la conflictividad social de la zona.
El Gobierno de Navarra recurrirá ante el Supremo
La respuesta institucional ha sido inmediata. El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha confirmado que los servicios jurídicos de la comunidad recurrirán las tres sentencias ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo sostiene que la resolución no es unánime y se apoya firmemente en un voto particular discrepante que acompaña al fallo y que solicita la desestimación total de las demandas.
Remírez ha sido tajante al recordar que las obras en el Palacio de Aroztegia fueron ejecutadas por la promotora a sabiendas de que "eran ilegales", ya que la adjudicación del proyecto había sido declarada nula de pleno derecho tanto en vía administrativa como judicial por vulnerar principios de transparencia e igualdad. Desde el Gobierno se defiende que no se puede indemnizar por la paralización de unos trabajos que, en origen, carecían de validez legal.
Un daño "hipotético" y un proyecto que "pervive"
El citado voto particular añade una capa de complejidad al caso. La magistrada discrepante argumenta que para que exista responsabilidad patrimonial, el daño debe ser "real y no meramente hipotético". En este sentido, subraya que no se ha acreditado la imposibilidad de continuar con el complejo hotelero, señalando que el proyecto "objetivamente pervive a día de hoy" y que las licencias urbanísticas siguen vigentes.
Para el Ejecutivo foral, esta es la clave: "el proyecto se puede retomar cuando se quiera". Además, han destacado la contradicción que supone el fallo frente a la valoración de otras fuerzas de seguridad. Remírez ha recordado que la Audiencia Nacional ya avaló que las labores de vigilancia de la Guardia Civil en la zona fueron correctas, por lo que consideran que los daños no pueden achacarse a una supuesta "falta de vigilancia" por parte de la Policía Foral.