Política

El TS extiende al Estado español el veto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'

Exige a la JEC que esas 163.355 personas que adquirieron la nacionalidad española puedan figurar como electores en el censo electoral
Papeletas en un colegio electoral.
Papeletas en un colegio electoral.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una providencia en la que exige a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral Central (OCE) garantizar de forma estricta que 163.355 personas nacionalizadas bajo la Ley de Memoria Democrática -conocida como ‘ley de nietos’- no ejerzan el derecho al voto, extendiendo expresamente este veto a quienes residen en el Estado español.

La resolución adoptada por el Supremo despeja cualquier duda sobre el alcance de las medidas cautelares adoptadas el pasado septiembre y octubre sobre la inscripción y los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas nacionalizadas al amparo de la 'ley de nietos'. El TS consideraba que había "un riesgo cierto de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA". La nueva providencia señala ahora que la suspensión del derecho de sufragio se aplica simultáneamente en los dos registros oficiales: el CERA y el CER (Censo Electoral de Residentes en España).

De este modo, el alto tribunal decreta que esos 163.355 ciudadanos deben ser excluidos de los censos, con la excepción de aquellos que acrediten individualmente ser descendientes directos de exiliados o perseguidos políticos. Solo 901personas han aportado la certificación consular requerida que valida dicha condición de exilio y, por tanto, quedan excluidas del veto. No obstante, los jueces dan un pequeño margen y permitirán votar a "cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular".

No se anula la nacionalidad

La medida es de carácter estrictamente cautelar y afecta exclusivamente al derecho a sufragio activo para los comicios del próximo 29 de noviembre, de modo que no supone la retirada o anulación de la nacionalidad española de los afectados.

Aunque la orden judicial cita nominalmente a 163.355 personas, los cruces de datos realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran en 113.326 los electores reales que se verán privados de votar el 29-N en el extranjero. Esta diferencia se debe a duplicidades de registro, menores de edad o inscripciones electorales previas a la Ley de Memoria.

La situación de este colectivo contrasta con la de sus descendientes. La semana pasada, el Supremo ratificó que los cerca de 190.000 hijos e hijas de estos nacionalizados sí conservan intacto su derecho a voto en estos comicios. El tribunal desestimó un recurso de Vox y de Iustitia Europea para extender la suspensión del derecho a voto a los nacionalizados por la ley de nietos a los hijos de estos, "un colectivo mayor que aquel al que la Sala ha acordado ya la suspensión cautelar".

2026-11-20T15:38:29+01:00
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